Mapa de casos ISDS
Noticias de los movimientos
En este nuevo informe de la serie Debates Urgentes, Lucía Sepúlveda, Coordinadora de Chile Mejor Sin TLC, analiza cómo el tratado no cumplió sus promesas de diversificación productiva, crecimiento sostenido y bienestar general. Por el contrario, operó como instrumento central para profundizar el modelo extractivista, heredado de la dictadura y consolidado por los gobiernos de la Concertación y sus sucesores.
Durante los últimos diez años, Guatemala ha recibido una serie de demandas multimillonarias de arbitraje internacional relacionadas con disputas de empresas mineras y energéticas, que buscaron instalarse en el territorio de pueblos indígenas y campesinos. A pesar de tener muchos aspectos a su favor, cuando los inversores no fueron capaces de avanzar en sus proyectos, las empresas transnacionales recurrieron al sistema de solución de controversias Inversor-Estado (conocido por sus siglas en inglés ISDS) para interponer demandas multimillonarias en contra de Guatemala, en un intento por presionar al Estado, o recuperar su inversión y generar ganancias por esta otra vía.
Si no se abordan las causas de la crisis del capitalismo contemporáneo, las comunidades volverán a depender de sus propios recursos. No podemos posponer esta batalla durante otras décadas, mientras nuestros gobiernos siguen arriesgándose a una espiral de libre comercio que los lleva al abismo.
A fines de marzo de 2026, la Corte Constitucional resolvió que el Tratado de Protección de Inversiones entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos (TBI Ecuador-EAU) es “constitucional siempre y cuando su artículo 20 incorpore una exclusión expresa” en relación con el artículo 422 de la Constitución, que prohíbe el arbitraje internacional. Por esta razón, el gobierno debe renegociar el Tratado y presentarlo nuevamente a la Corte para un dictamen definitivo.
¡Fortalezcamos la soberanía alimentaria europea!
El caso argentino evidencia una reconfiguración más amplia de la política hemisférica estadounidense. Más que promover comercio o inversión, el tratado revela una modalidad de proyección de poder basada en la organización de espacios económicos estratégicos, la coordinación regulatoria y la construcción de redes de cooperación alineadas con prioridades definidas por Washington.
Es necesario insistir en que el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea contiene elementos peligrosos para la soberanía jurídica del Estado mexicano. Los impactos sociales y económicos de las empresas europeas en México han sido bien documentados, pero tomados poco en cuenta en las negociaciones del acuerdo. La mayoría de las comunidades afectadas por proyectos europeos no han sido consultadas ni han tenido voz en las negociaciones.
Las críticas contra la cruzada digital de las grandes empresas tecnológicas van en aumento, al igual que las demandas por una mayor regulación. Sin embargo, estas empresas usan espacios opacos como los acuerdos comerciales para bloquear toda reforma que pueda afectar a sus intereses. Su reciente entrada en la agricultura amenaza nuestros sistemas alimentarios. Para frenar su creciente poder, es crucial exponer lo que ocurre detrás del telón y movilizarse para detenerlo.
Organizaciones sociales de Panamá y aliados internacionales, promueven una petición hacia el gobierno de Panamá, en la que se solicita al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que rechace cualquier negociación con First Quantum Minerals para reabrir la mina Cobre Panamá, cuyo contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Panamá en 2023.
El pasado 17 de enero se firmó en Asunción el Acuerdo MERCOSUR-UE. Mientras que en 2005 se rechazó la integración con Estados Unidos por temor a las asimetrías, el acuerdo con la Unión Europea de 2026 se presenta como una apuesta a la «inserción inteligente». ¿Cómo analizaremos esta etapa? ¿Representa este nuevo acuerdo una contracara del ALCA o es, en realidad, una nueva pieza del mismo blindaje brindado al capital?
