ISDS América Latina | 18 de Junio, 2026
Guatemala - Radiografía del régimen de protección de inversiones transnacionales
Durante los últimos diez años, Guatemala ha recibido una serie de demandas multimillonarias de arbitraje internacional relacionadas con disputas de empresas mineras y energéticas, que buscaron instalarse en el territorio de pueblos indígenas y campesinos. Estas empresas contaron con el apoyo del estado para imponer sus proyectos en contra de la autodeterminación de los pueblos afectados, generando daños sociales y ambientales, y grandes conflictos que han conllevado amenazas, procesos de desprestigio e intimidación, criminalización, militarización, intentos de asesinatos y asesinatos, afectando gravemente a las comunidades en resistencia.
Para tratar de imponer estos proyectos, el Estado de Guatemala colaboró con las empresas para facilitar el avance de estas inversiones, primero, ignorando las decisiones que las comunidades y pueblos habían hecho ampliamente conocidas a través de consultas de buena fe, plantones de resistencia, y otras acciones que demostraron su autodeterminación y rechazo a un modelo de desarrollo que destruye el agua, el territorio y perjudica la salud comunitaria. Además de facilitar permisos o permitir que avancen proyectos con irregularidades, en diversos momentos, el Estado participó en los procesos de represión o militarización en favor de las inversiones.
A pesar de tener muchos aspectos a su favor, cuando los inversores no fueron capaces de avanzar en sus proyectos, las empresas transnacionales recurrieron al sistema de solución de controversias Inversor-Estado (conocido por sus siglas en inglés ISDS) para interponer demandas multimillonarias en contra de Guatemala, en un intento por presionar al Estado, o recuperar su inversión y generar ganancias por esta otra vía.
Con frecuencia, se acusa a los pueblos que actúan en defensa de sus aguas, sus territorios y sus vidas por estas demandas, como una forma nueva de desprestigio y criminalización de sus luchas legítimas. Otras veces, concluyen que es resultado de las debilidades institucionales del Estado para regular y manejar las grandes inversiones. Pero, es importante preguntar por qué las empresas gozan de un recurso que les permite demandar a los Estados soberanos, y si es justo que tengan este poder.
El sistema de protección de inversiones transnacionales, o ISDS, es parte del modelo extractivista y de la estructura de impunidad empresarial que ha sido impuesto alrededor del mundo durante los últimos cincuenta años, para facilitar el control de las grandes empresas sobre los bienes comunes en los territorios indígenas y en el Sur Global.
En Guatemala, este modelo de desarrollo neoliberal se ha venido instalando desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996. A la par de las reformas realizadas, como la ley minera para atraer inversión transnacional, y los cambios impulsados para la privatización de la electricidad y la instalación de megaproyectos energéticos para servir a grandes consumidores de energía y al mercado regional de energía, también se firmaron casi treinta Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) y Tratados de Libre Comercio (TLCs). Estos tratados dan el poder a las empresas transnacionales para demandar al país, cuando sienten que algunas regulaciones o medidas gubernamentales afectan a sus inversiones.
La opción de recurrir al ISDS profundiza las grandes asimetrías entre los inversionistas y los pueblos afectados por sus inversiones. Por un lado, recurrentemente se niega el derecho a la autodeterminación de los pueblos afectados. Además, las comunidades carecen de vías efectivas para lograr justicia y reparación por los daños que estos proyectos dejan en sus territorios o por las graves violaciones a sus derechos humanos que conllevan los proyectos. Mientras tanto, las empresas gozan de este mecanismo poderoso (ISDS) para presionar al Estado para llegar a un arreglo de acuerdo a sus intereses, o tratar de ganar millones de dólares con grandes implicaciones para el erario público.
Es un sistema injusto. Tal como informó el anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Medioambiente, David Boyd, “Si bien el proceso de ISDS representa una poderosa herramienta para los inversionistas extranjeros, se ha convertido en una catástrofe para el desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas y decisiones sobre permisos relacionados con el medio ambiente necesarios para abordar la crisis planetaria.” Sin embargo, no es un sistema inevitable. Pero, primero, hay que identificar el andamiaje legal que lo sostiene, para luego encontrar las posibles salidas.
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