Mapa de casos ISDS
CAFTA
US - Central America Free Trade Agreement
La demanda será presentada ante el CIADI, organismo del Banco Mundial especializado en resolver disputas entre Estados y empresas extranjeras. La base jurídica del reclamo se sustenta en acuerdos internacionales vigentes, como el tratado CAFTA-DR y el acuerdo bilateral de inversiones entre el Reino Unido y Nicaragua.
El sistema de arbitraje internacional de inversiones funciona como “una cancha de fútbol con una sola mitad”, donde las empresas pueden demandar a los Estados, pero no existe la posibilidad inversa dentro del mismo mecanismo”. La resistencia pacífica La Puya conmemoró 14 años de resistencia anti minera en San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc, dos municipios del departamento de Guatemala.
Organizaciones sociales nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos y los derechos colectivos, presentaron el manifiesto titulado: “Pronunciamiento en Defensa de la Soberanía y los Derechos Colectivos en Honduras – Volver al CIADI es una señal de sumisión Nasry Asfura al capital transnacional”, un documento que rechaza de manera firme la decisión del nuevo gobierno hondureño de reincorporar al país al CIADI.
La denuncia se produjo en un contexto de demandas internacionales, entre ellas la interpuesta por inversionistas de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera, quienes reclamaron USD 10,775 millones tras la derogación, en abril de 2022, de las normativas que permitieron la instalación de ese régimen especial en el país.
Defensores del agua de la Resistencia Pacífica La Puya, al norte de la Ciudad de Guatemala, celebraron una victoria importante durante las fiestas de fin de año. El 23 de diciembre, un panel de arbitraje del CIADI del Banco Mundial falló en contra de la empresa con sede en Nevada, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), en una demanda de casi 500 millones de dólares en contra Guatemala.
En este sistema de arbitraje injusto, que es una cancha unilateral en donde solamente las empresas transnacionales pueden demandar a los Estados y no al revés, efectivamente el Estado no gana, simplemente no pierde. Guatemala está en un momento propicio en que puede revisar los compromisos que ha asumido en los tratados de inversión y decidir si le conviene mantenerse o no en este sistema ponderando los costos y beneficios.
La empresa minera Kappes, Cassidy & Associates (KCA), demandó a Guatemala por USD 499 millones ante un tribunal internacional, luego de que su proyecto minero El Tambor fuera suspendido por resoluciones judiciales tras la resistencia pacífica de comunidades organizadas en defensa de su territorio. El caso fue resuelto a favor del país, en un fallo que marca un precedente en materia de defensa territorial.
Estados Unidos anunció que impondrá a Nicaragua, a partir del 1 de enero de 2026, un arancel gradual durante dos años a todas las importaciones nicaragüenses que no se originen bajo el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
La compañía guatemalteca invocaba el incumplimiento del CAFTA-DR y el Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, alegando que el gobierno salvadoreño le había cancelado “retroactivamente la renovación automática de las concesiones” que en su momento tenía Cablefrecuencias S.A. de C.V.
Por quinta vez, un administrador limonense fracasó en su intento de tumbar, vía Sala Constitucional, la participación de Costa Rica en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés).
