La Puya conmemora 14 años de resistencia y abre debate sobre arbitraje internacional
Por Derik Mazariegos
“El sistema de arbitraje internacional de inversiones funciona como “una cancha de fútbol con una sola mitad”, donde las empresas pueden demandar a los Estados, pero no existe la posibilidad inversa dentro del mismo mecanismo”. La resistencia pacífica La Puya conmemoró 14 años de resistencia anti minera en San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc, dos municipios del departamento de Guatemala.
Jenn Moore, investigadora del Institute for Policy Studies
La Resistencia Pacífica La Puya conmemoró este 2 de marzo catorce años de oposición al proyecto minero Progreso VII Derivada, en una jornada que combinó memoria comunitaria y discusión pública sobre el arbitraje internacional de inversiones. El encuentro reunió a defensoras y defensores del territorio, y organizaciones sociales para reflexionar sobre las implicaciones que las presiones a través de mecanismos legales pueden tener para Guatemala cuando empresas transnacionales demandan al Estado por decisiones vinculadas a proyectos extractivos.
La actividad conmemorativa se desarrolló en dos momentos. Durante la mañana y buena parte de la tarde se compartieron análisis, datos y experiencias sobre el régimen de licencias mineras y el funcionamiento del sistema de arbitraje internacional de inversiones. Para finalizar la jornada se realizó un foro público en el que se retomó el caso de La Puya como ejemplo de cómo un conflicto territorial puede trasladarse a tribunales internacionales y convertirse en una disputa financiera de gran escala.
Al encuentro asistieron representantes del pueblo Poqomam de Chinautla, delegaciones comunitarias de San Bartolomé Milpas Altas y del territorio Xinka en Santa Rosa, así como integrantes de comunidades como Bella Linda y Yichk’isis en Huehuetenango y autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán.
También participaron organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas la Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza(CODIDENA), la Asociación Chiviricuarta, ASERJUS, UDEFEGUA, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, CONFREGUA, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), El Observador y el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar, además de comunidades eclesiales del área norte de Chinautla.
A catorce años del inicio del plantón comunitario, la jornada no solo recordó el origen de la resistencia. También abrió un debate más amplio sobre los tratados de inversión, el alcance del arbitraje internacional y las tensiones que surgen cuando decisiones públicas sobre territorio, ambiente o derechos colectivos pueden traducirse en demandas millonarias contra el Estado.
El foro por los 14 años de la resistencia
Como parte de la jornada conmemorativa, por la tarde se realizó un foro público dedicado a analizar el estado actual de las licencias mineras en Guatemala y las implicaciones del arbitraje internacional para los Estados frente a empresas transnacionales. El espacio reunió a defensoras y defensores del territorio, especialistas en derecho internacional y organizaciones de acompañamiento legal.
En el panel participaron Guadalupe García, del Observatorio de Industrias Extractivas; José Ángel Llamas y Ana Sandoval, integrantes de la Resistencia Pacífica La Puya; el jurista argentino Javier Echaide, especialista en derecho internacional de las inversiones; y el abogado Edgar Pérez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos.
Guadalupe García presentó un panorama del catastro minero en el país y explicó que actualmente existen 338 licencias mineras vigentes en Guatemala, de las cuales 52 corresponden a minería metálica. Según indicó, muchas de estas licencias se mantienen activas a través de figuras administrativas que permiten sostener expedientes abiertos durante años. También advirtió que existen más de 31 licencias vencidas que continúan registradas como vigentes pese a incumplimientos de las empresas.
En relación con el caso de La Puya, García subrayó que el proyecto Progreso VII Derivada no puede entenderse de manera aislada. Explicó que forma parte de un entramado corporativo más amplio vinculado a diferentes licencias y actores empresariales en la región nororiental del departamento de Guatemala. Desde esa perspectiva, señaló que varias de las licencias relacionadas con el proyecto deberían ser revisadas o canceladas por las autoridades.
Desde la Resistencia Pacífica La Puya, José Ángel Llamas recordó el origen comunitario del movimiento. Explicó que las comunidades se organizaron de manera pacífica para oponerse a un proyecto que consideraban impuesto en su territorio y que el proceso estuvo marcado por represión estatal y criminalización. También señaló que la empresa minera presentó una demanda internacional por más de 450 millones de dólares contra el Estado de Guatemala, una situación que colocó a las comunidades en una posición compleja.
Según relató, las comunidades terminaron participando indirectamente en la defensa del país frente al arbitraje internacional, a pesar de que años antes habían enfrentado represión estatal. “Para las comunidades fue muy difícil participar en la defensa del Estado”, explicó, recordando que el mismo aparato estatal había intervenido anteriormente contra la resistencia. Sin embargo, destacó que el resultado final permitió evitar una indemnización millonaria contra Guatemala.
Ana Sandoval explicó que el proceso arbitral se activó en mayo de 2018, cuando la empresa notificó su intención de demandar al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La demanda se formalizó en noviembre de ese mismo año y el tribunal se integró con tres árbitros. Uno fue nombrado por la empresa, otro por el Estado y el tercero fue designado de común acuerdo entre ambas partes.
Aunque las comunidades no pudieron participar directamente en el arbitraje, Sandoval señaló que el Estado reconoció la necesidad de incorporar la voz de la resistencia en la estrategia de defensa. Esto permitió incluir testimonios, estudios y documentación generada desde el territorio.
El abogado Edgar Pérez destacó que la resistencia comunitaria también se sustentó en fundamentos constitucionales. Recordó que las comunidades actuaron bajo el derecho legítimo de resistencia reconocido en el artículo 45 de la Constitución y que el proyecto fue impugnado mediante acciones legales basadas, entre otros instrumentos, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Por aparte, el jurista Javier Echaide situó el caso dentro de un contexto regional más amplio. Explicó que América Latina es actualmente la región más demandada del mundo en el sistema de arbitraje internacional de inversiones y advirtió que este mecanismo presenta fuertes asimetrías entre empresas y Estados. Según señaló, la mayoría de los árbitros provienen de países del norte global mientras que la mayor parte de las demandas se dirigen contra países del sur.
Durante su intervención también explicó el fenómeno conocido como forum shopping, mediante el cual las empresas pueden elegir el tribunal y las reglas que consideran más favorables para sus intereses. Este mecanismo, dijo, permite a las compañías seleccionar el foro más conveniente para presentar sus demandas.
El conversatorio concluyó con un llamado a mantener abierto el debate público sobre el sistema de arbitraje internacional, los tratados de inversión y el otorgamiento de licencias mineras en Guatemala. Para las comunidades presentes, el caso de La Puya no solo representa un precedente jurídico, sino también una experiencia colectiva que plantea preguntas más amplias sobre la relación entre inversión extranjera, derechos territoriales y decisiones públicas.
La demanda del Estado
Si el arbitraje internacional podría parecer un mecanismo distante y técnico, el caso de Kappes, Kassiday & Associates lo convirtió en una amenaza concreta para Guatemala. La empresa minera, titular del proyecto Progreso VII Derivada, presentó una demanda contra el Estado de Guatemala al amparo del tratado de libre comercio con Estados Unidos, alegando que no se le habían garantizado condiciones adecuadas para su inversión.
El proceso comenzó en mayo de 2018, cuando la empresa notificó su intención de iniciar un arbitraje ante el CIADI, un organismo del Banco Mundial. La demanda fue formalizada en noviembre de ese mismo año y el tribunal se integró con tres árbitros.
El reclamo ascendía a cerca de 450 millones de dólares, una cifra equivalente a unos 3,500 millones de quetzales al tipo de cambio aproximado actual. Durante el encuentro se insistió en lo que esa cantidad representa para un país como Guatemala. De haberse perdido el caso, el pago no habría recaído sobre funcionarios ni sobre la empresa demandante, sino sobre el Estado, es decir, sobre recursos públicos.
Para dimensionar la magnitud del monto, se trata de miles de millones de quetzales del presupuesto público, una suma que equivale a varios presupuestos institucionales o a recursos que podrían destinarse a servicios como salud, educación o infraestructura.
La empresa sostuvo que había sido privada del uso y disfrute de su inversión, que había recibido un trato discriminatorio y que el Estado no le brindó seguridad y protección para el proyecto. Desde esa lógica, la suspensión judicial del proyecto y la resistencia comunitaria aparecían como factores que debían traducirse en una compensación económica.
En diciembre de 2025 el tribunal arbitral resolvió a favor del Estado de Guatemala. La decisión fue interpretada como una victoria jurídica. Sin embargo, durante el encuentro se insistió en que el resultado no fue automático ni producto exclusivo de la defensa estatal.
Integrantes de la Resistencia Pacífica La Puya aportaron documentación clave, análisis del estudio de impacto ambiental, peritajes técnicos y testimonios sobre lo ocurrido en el territorio. Aunque las comunidades no pudieron participar directamente en el arbitraje, su experiencia y la información generada desde el territorio fueron incorporadas en la estrategia de defensa presentada por el Estado.
Entre los elementos centrales que se incluyeron en el expediente estuvieron los impactos ambientales denunciados por la comunidad, la conflictividad social generada en el área y el reconocimiento de que el proyecto se había autorizado sin garantizar adecuadamente el derecho a la consulta previa. También se argumentó que la empresa había adquirido el proyecto sabiendo que ya existían conflictos sociales y problemas legales alrededor de la mina.
El reconocimiento de la resistencia como actor relevante en la defensa del caso contrasta con los años previos de criminalización y represión que enfrentaron las comunidades.
El episodio dejó una paradoja profunda. Para evitar que el país pagará una indemnización millonaria, la comunidad terminó colaborando con el mismo Estado que años antes había desplegado fuerzas policiales, avalado desalojos y procesado penalmente a integrantes de la resistencia.
Durante el encuentro se señaló que uno de los momentos más complejos del proceso fue cuando las comunidades tuvieron que apoyar la defensa del Estado sin dejar de cuestionar su actuación. La decisión no implicó absolver responsabilidades, sino evitar que el arbitraje se convirtiera en una carga económica adicional para el país. En ese contexto, el caso KCA evidenció cómo el arbitraje internacional puede transformar un conflicto territorial en una disputa financiera de alcance global, convirtiendo una lucha comunitaria en un expediente de cientos de millones de dólares.
Guatemala y el régimen de protección de inversiones
Más allá del caso específico de La Puya, el encuentro incluyó una radiografía del marco legal que permite este tipo de disputas. La exposición situó a Guatemala dentro de un entramado internacional de protección a la inversión extranjera que se ha consolidado durante las últimas décadas.
Actualmente, el país cuenta con nueve tratados de libre comercio y 18 tratados bilaterales de inversión que incluyen mecanismos de arbitraje internacional. Estos instrumentos habilitan a empresas extranjeras a presentar demandas contra el Estado cuando consideran que una decisión pública afecta sus intereses económicos.
Desde la entrada en vigor de estos acuerdos, Guatemala ha enfrentado 13 demandas internacionales vinculadas a inversiones. Los sectores involucrados han incluido energía, electricidad, construcción y minería. Los montos reclamados o condenados superan los 1.200 millones de dólares, una cifra que, según se explicó durante la actividad, equivale a varios presupuestos ministeriales combinados.
Aunque Guatemala no figura entre los países con mayor número de demandas a nivel global, los participantes insistieron en que la magnitud de los montos convierte cada caso en un riesgo fiscal significativo. Un solo laudo adverso puede comprometer recursos públicos que de otra forma se destinarían a salud, educación o infraestructura.
Durante la presentación también se habló del llamado “efecto disuasorio” o enfriamiento regulatorio. La lógica es sencilla: incluso sin llegar a perder un caso, la mera amenaza de una demanda millonaria puede influir en las decisiones de funcionarios y legisladores. Ante la posibilidad de un arbitraje costoso, el Estado puede optar por no aprobar regulaciones ambientales, no revisar contratos o no avanzar en procesos de consulta que podrían generar controversia con inversionistas.
En ese sentido, el régimen de protección de inversiones no solo actúa cuando hay un litigio en curso. También opera como un marco de presión permanente que condiciona el margen de maniobra estatal. Para las comunidades presentes en el encuentro, esta dimensión explica por qué el debate no se limita a un conflicto puntual, sino que involucra la estructura misma de cómo se toman decisiones públicas en el país.
¿Hay salidas viables? La experiencia de Ecuador
El debate sobre posibles salidas al sistema de arbitraje internacional también formó parte del encuentro. El abogado argentino Javier Echaide, especialista en derecho internacional de las inversiones, explicó que varios países han comenzado a cuestionar el modelo que permite a empresas transnacionales demandar a los Estados ante tribunales internacionales.
Echaide situó el caso de Guatemala dentro de un panorama más amplio. Recordó que América Latina es actualmente la región más demandada en el mundo dentro del sistema de arbitraje de inversiones. Muchas de estas demandas se presentan ante el CIADI.
Según explicó, el funcionamiento del sistema presenta una fuerte asimetría. La mayoría de los árbitros que integran los tribunales proviene de países del norte global, mientras que gran parte de las demandas se dirige contra países del sur. Esto genera un escenario desigual que, en palabras del jurista, termina funcionando como un mecanismo de presión sobre las decisiones de los Estados.
El especialista también señaló que las empresas tienen la posibilidad de escoger el foro donde presentar sus demandas. Este fenómeno es conocido como forum shopping. En términos simples, significa que las compañías pueden elegir el tribunal y las reglas que consideren más favorables para sus intereses, de manera similar a cuando una persona elige el producto que le resulta más conveniente en un mercado.
Frente a este panorama, Echaide presentó la experiencia de Ecuador como uno de los intentos más sistemáticos de revisar el sistema desde dentro del Estado. Entre 2013 y 2014 el gobierno ecuatoriano creó la Comisión de Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Inversión y del Sistema de Arbitraje, conocida como CAITISA. La comisión tuvo el mandato de investigar cómo funcionaban los tratados de inversión firmados por el país, qué impacto económico habían tenido y cómo operaban las demandas internacionales contra el Estado.
Uno de los hallazgos centrales fue que muchos de los países desde los cuales provenía la inversión extranjera no tenían tratados de protección de inversiones con Ecuador. Esto permitió cuestionar uno de los argumentos más utilizados para defender estos acuerdos. La promesa de que los tratados eran necesarios para atraer inversiones no se confirmaba en la práctica.
La investigación también permitió dimensionar el peso económico del arbitraje. Las demandas internacionales pueden implicar indemnizaciones millonarias, pero incluso cuando un Estado gana un caso el proceso sigue siendo costoso. La defensa jurídica, los peritajes y los procedimientos arbitrales requieren grandes sumas de dinero que salen del presupuesto público.
En términos simples, explicó Echaide, cada arbitraje obliga a los Estados a destinar recursos que podrían utilizarse en servicios públicos. Los costos de estos litigios se financian con impuestos y terminan reduciendo el dinero disponible para políticas sociales.
A partir de los resultados de la auditoría, Ecuador tomó varias decisiones para reducir su exposición a este sistema. El país se retiró del CIADI en 2009 y posteriormente terminó dieciséis tratados bilaterales de inversión en 2017, después de concluir que estos acuerdos generaban más riesgos que beneficios.
Echaide mencionó que otros países también han adoptado decisiones similares. Venezuela, Bolivia y Honduras se retiraron del CIADI, mientras que Brasil nunca llegó a formar parte de este mecanismo. Estas experiencias, señaló, muestran que existen diferentes caminos para revisar la relación entre los Estados y los tribunales internacionales de inversión.
Para el especialista, el debate no se limita a la defensa jurídica de casos concretos. También implica discutir qué tipo de reglas deben regir la relación entre inversión extranjera, derechos de las comunidades y decisiones públicas de los Estados.
Criminalización, represión y memoria del desalojo
El aniversario no fue solo una reflexión jurídica. También fue un ejercicio de memoria. Durante el encuentro se reconstruyeron episodios que marcaron la historia de la Resistencia Pacífica La Puya y que, para muchos asistentes, explican por qué el arbitraje internacional no puede analizarse sin considerar lo ocurrido en el territorio.
Los primeros intentos de desalojo se remontan a 2012, cuando la presencia policial comenzó a intensificarse alrededor del plantón comunitario instalado para impedir el ingreso de maquinaria al proyecto minero. Desde entonces, la confrontación dejó de ser únicamente administrativa o judicial y pasó a ser física.
Al menos 17 personas fueron criminalizadas en distintos momentos del proceso. Se enfrentaron a acusaciones penales, procesos judiciales prolongados y condenas que posteriormente fueron revertidas. Para la comunidad, estos casos no fueron incidentes aislados, sino parte de una estrategia de desgaste que buscaba debilitar la resistencia.
Contexto histórico: despojo y modelo extractivo
El análisis no se limitó al presente jurídico. En el cierre de la jornada, el caso de La Puya fue situado dentro de una historia más amplia de despojo territorial en Guatemala.
Se recordó que la concentración de tierras tiene raíces coloniales, desde el sistema de encomiendas hasta la reorganización liberal del siglo XIX, que consolidó grandes propiedades agrícolas y desplazó comunidades indígenas. A ello se sumó la expansión de empresas extranjeras como la United Fruit Company y el reordenamiento político posterior al golpe de 1954, que revirtió reformas agrarias e intensificó la dependencia económica.
Durante el conflicto armado interno, miles de personas fueron desplazadas de sus territorios, configurando nuevos patrones de ocupación y control. Tras los Acuerdos de Paz, las privatizaciones y la apertura económica facilitaron la expansión de megaproyectos energéticos, mineros y agroindustriales bajo marcos legales favorables a la inversión.
Desde esa lectura histórica, los proyectos extractivos actuales no aparecen como fenómenos aislados, sino como una continuidad de estructuras que han privilegiado la acumulación sobre la autonomía territorial. En ese marco, la criminalización de la protesta social fue descrita como un patrón recurrente, más que como una reacción excepcional.
El conflicto en La Puya, concluyeron varios participantes, no es solo una disputa por una licencia minera. Es una expresión contemporánea de tensiones históricas entre modelos de desarrollo, derechos colectivos y control de los bienes naturales.
