La Prensa Gráfica | 18 de Mayo, 2026
El Salvador y su acuerdo con la Unión Europea
Por Centro de Estudios Jurídicos
Esta situación incrementa el riesgo de que la Unión Europea considere que El Salvador ha violado un elemento esencial del acuerdo: el respeto a los derechos fundamentales y al estado de derecho. Si así lo estima, podrá adoptar medidas urgentes de manera unilateral.
El 1 de octubre de 2013 entró en vigencia para El Salvador el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Entre sus beneficios se encuentran la facilitación del comercio entre ambas regiones, la eliminación de la mayoría de aranceles de importación, la creación de instrumentos de mediación para las barreras no arancelarias y un mecanismo de solución de controversias.
El artículo 1 del acuerdo dispone que un elemento esencial es “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y al Estado de Derecho”.
Luego, el artículo 355 establece que: “Si una Parte considera que otra Parte ha incumplido una obligación bajo este Acuerdo, podrá adoptar medidas apropiadas”. Tales medidas deberán adoptarse de conformidad con el derecho internacional. Además, ese artículo ordena que, si la violación identificada se refiere a un “elemento esencial”, entonces se trata de un “caso de especial urgencia”, por lo que puede omitirse la etapa previa de acudir al mecanismo de solución de conflictos entre las partes.
En marzo, El Salvador cumplió cuatro años bajo un régimen de excepción. Durante este período, los señalamientos internacionales sobre violaciones a los derechos fundamentales se han incrementado. Además, diversos indicadores internacionales que miden el estado de derecho han registrado un agudo deterioro a partir de la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021.
Esta situación incrementa el riesgo de que la Unión Europea considere que El Salvador ha violado un elemento esencial del acuerdo: el respeto a los derechos fundamentales y al estado de derecho. Si así lo estima, podrá adoptar medidas urgentes de manera unilateral.
El 8 de octubre pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que expresó profunda preocupación por “la erosión de los principios democráticos y la elusión deliberada de las salvaguardas constitucionales en otros países de ALC, especialmente en El Salvador”. Asimismo, señaló particularmente la falta de independencia judicial, la falta de transparencia, el uso excesivo de la fuerza, la militarización indebida, las crecientes restricciones a la libertad de reunión y de prensa, las detenciones injustificadas, las torturas, las desapariciones forzadas y el hacinamiento carcelario.
Las autoridades de El Salvador deberían evaluar con seriedad los distintos señalamientos internacionales que se formulan respecto a los derechos humanos y al estado de derecho. Deberían examinar las fallas en las que se ha incurrido y explorar caminos para detenerlas, reparar los daños provocados a las víctimas y restaurar el estado de derecho y la separación de poderes. Un camino que apunta en esa dirección es el propuesto por el grupo internacional de expertos conocido como GIPES: “Crear una comisión independiente de revisión de causas judiciales, con apoyo internacional, que trabaje junto al sistema de justicia para seleccionar y clasificar casos con el fin de llegar a salidas legales y humanitarias”.
Pero, si la postura de las autoridades continúa siendo atacar a cada organismo que señala los desafíos que enfrenta El Salvador, entonces se colocará en mayor riesgo la estabilidad y permanencia del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
