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Panamá
El Grupo Codere, a través de su filial Codere América, notificó formalmente a Panamá el inicio de un proceso de arbitraje internacional de inversión contra la Junta de Control de Juegos (JCJ). La controversia legal se sustenta de manera directa en el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre España y Panamá.
Durante su última conferencia de prensa, la embajadora china en Panamá, Xu Xueyuan, habló sobre puertos, las ruinas del monumento chino, cooperación bilateral y la revocatoria de visas por parte de Estados Unidos. Asegura que se mantiene el interés en concretar un TLC con Panamá.
Codere América es inversionista mayoritario de Alta Cordillera, S.A. e Hípica de Panamá, S.A., operadores de casinos y del Hipódromo Presidente Remón, que se ha visto abocada a activar el mecanismo de protección previsto en el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Panamá, vigente desde 1997.
Se ha programado una reunión para la segunda semana de julio con el fin de instalar la Comisión de Comercio Exterior contemplada en el TLC, lo que permitirá aprobar seis decisiones relacionadas con reglamentos de reexportaciones, normas de origen y la gobernanza del tratado.
Los gobiernos de Panamá e Israel se comprometieron este miércoles a ampliar y reforzar su TLC y pactar acuerdos de cooperación y asesorías en temas de manejo y tratamiento de agua, ciberseguridad, medicina, logística, tecnología agrícola y turismo.
El conflicto jurídico, que inició en 2023, se originó cuando Banesco alegó que Panamá había incumplido el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá.
A través de esta nueva acción, que se fundamenta en las disposiciones del TLC suscrito entre Panamá y Singapur, Sinolam International reclama la cancelación, en 2024, de la licencia otorgada para desarrollar el proyecto "Gas to Power Panama" para la generación de energía en el corregimiento Puerto Pilón, en la provincia de Colón.
Panama Ports Company (PPC) amplió sus reclamos en el arbitraje internacional contra de Panamá, un mes después de la cancelación de las concesiones de los terminales de Cristobal y Balboa, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema. La compañía señaló que ahora los daños han escalado más allá de los US$2 mil millones.
Lo que inició como una disputa por concesiones portuarias ha derivado en una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde la cifra de compensación exigida ha sido actualizada, superando ahora los 2,500 millones de dólares.
