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El consorcio húngaro Ganz-Mavag que intentó hacerse con la industria de material ferroviario española Talgo mediante una oferta pública de adquisición en 2024 registró un procedimiento arbitral contra el Reino de España ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Suecia (SCC). El procedimiento ha optado por fijar la sede en Zúrich.
Los sucesos de los últimos meses en Bolivia, Ecuador y Venezuela deben ser leídos como un intento por instalar un modelo de disciplina fiscal, contractual y social. Reflejan la vuelta a la «seguridad jurídica» que exigen los inversores en un contexto de consolidación de la matriz extractivista y cierre definitivo del ciclo de los industrialismos desarrollistas.
En la carta al diplomático canadiense explican que el TLC incluye un capítulo de protección de inversiones que incorpora el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, que está expresamente prohibido por el artículo 422 de la Constitución de 2008. En Ecuador la prohibición constitucional no permite ceder soberanía, una cuestión que fue ratificada en la reciente consulta popular de noviembre de 2025.
El sistema de arbitraje internacional de inversiones funciona como “una cancha de fútbol con una sola mitad”, donde las empresas pueden demandar a los Estados, pero no existe la posibilidad inversa dentro del mismo mecanismo”. La resistencia pacífica La Puya conmemoró 14 años de resistencia anti minera en San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc, dos municipios del departamento de Guatemala.
El caso tiene su origen en los cambios regulatorios introducidos por España que, a partir de 2013, acabaron con el sistema de incentivos a las energías renovables, lo que llevó a que numerosos inversores extranjeros alegaran que dichas reformas vulneraban las garantías de protección de las inversiones previstas en el Tratado de la Carta de la Energía.
CK Hutchison ha presentado un suplemento a una notificación previa de disputa al amparo de un tratado bilateral de inversiones, alegando que el Estado panameño ignoró las consultas y comunicaciones previas antes de asumir el control de las terminales, los activos y el personal de la compañía.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, firmó este viernes en Washington, Estados Unidos, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, conocido como el Convenio del CIADI.
La demanda, presentada en 2018, se fundamentó en el Tratado para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones suscrito entre Panamá y el Reino de España. Sacyr alegó que actuaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) durante la licitación y ejecución del Tercer Juego de Esclusas violaron el tratado y solicitó una indemnización por $2,362.7 millones.
La canadiense Lupaka Gold Corp. presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia con el fin de ejecutar el laudo arbitral emitido a su favor por el CIADI contra el Estado peruano. La compañía busca cobrar un monto que, con intereses acumulados, asciende actualmente a aproximadamente US$ 68.6 millones.
Tras un fallo de la Comisión Arbitral y meses de negociación con el Ministerio de Obras Públicas, la concesionaria Nuevo Pudahuel logró extender hasta 2038 la concesión del Aeropuerto de Santiago, cerrando además el arbitraje internacional ante el CIADI.
