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Burford adelantó que impulsará el reclamo por la vía del arbitraje internacional ante el CIADI, amparado en tratados bilaterales con España (por Petersen) y con Estados Unidos (por Eton Park). Señaló que el arbitraje “dura varios años” —caso promedio 4,4 años— y que 86% de las 51 demandas se resolvieron a favor de inversores.
El CIADI concluyó que la medida aplicada por el Estado fue “desproporcionada” y consideró que no existían fundamentos suficientes para destruir completamente la inversión extranjera. El tribunal entendió que la decisión constituyó una expropiación ilícita y una violación al tratado bilateral de inversiones de Argentina y Austria.
Codere América es inversionista mayoritario de Alta Cordillera, S.A. e Hípica de Panamá, S.A., operadores de casinos y del Hipódromo Presidente Remón, que se ha visto abocada a activar el mecanismo de protección previsto en el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Panamá, vigente desde 1997.
Según el gobierno mexicano, “ganamos” al incrementar “oportunidades para exportar”. Pero más allá de unos cuantos productos, es preocupante que la Secretaría de Economía anuncia también que será “un tratado más fuerte donde protegemos las inversiones al incorporar una corte permanente para la solución de controversias”.
La compañía chilena Neltume Ports había iniciado hace dos años la demanda por US$ 600 millones. El arbitraje presentado por Neltume Ports -accionista mayoritario de Montecon- contra Uruguay comienza formalmente esta semana. La demanda, que fue iniciada hace dos años, tendrá su primera sesión en el Ciadi este viernes.
El derecho internacional contemporáneo se caracteriza por la coexistencia de múltiples regímenes especializados que operan con relativa autonomía. Sin embargo, en ciertos casos, esta fragmentación produce verdaderas colisiones normativas entre sistemas que responden a racionalidades jurídicas distintas. El conflicto entre el derecho internacional de las inversiones y el derecho internacional de los derechos humanos constituye uno de los ejemplos más claros de este tipo de colisiones.
La Canadian Commercial Corporation (CCC) calificó la decisión del gobierno colombiano como un acto ilícito, alegando la vulneración del Tratado de Libre Comercio con Canadá y de principios internacionales como la reciprocidad y la buena fe.
De acuerdo con la compañía, la solicitud de arbitraje fue presentada el 6 de abril de 2026 y registrada por el CIADI el pasado 27 de abril. El proceso se adelanta en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Colombia, vigente desde 2007.
Cada vez que un gobierno sube el salario mínimo, aprueba una ley ambiental o regula una empresa extranjera, puede estar arriesgando una demanda millonaria. Es una de las consecuencias de los tratados de libre comercio vigentes, y organizaciones de Ecuador, Paraguay y Chile advierten que está transformando la relación entre los Estados y las corporaciones.
