Mapa de casos ISDS
TCE
Tratado sobre la Carta de Energía
El Gobierno contraataca para frenar el arbitraje de 1.250 millones de Berkeley por la mina de uranio
En noviembre de 2022, la compañía ya había enviado al Gobierno una notificación formal de disputa al amparo del Tratado de la Carta de la Energía. Sin acuerdo entre las partes, la minera registró finalmente su demanda ante el CIADI en mayo de 2024, inicialmente por unos 920 millones de euros.
El consorcio, liderado por el empresario András Tombor, defendía que la decisión vulneraba el Tratado sobre la Carta de la Energía y suponía una injerencia política en una operación empresarial ya considerada amistosa por el propio consejo de administración de Talgo.
El consorcio húngaro Ganz-Mavag que intentó hacerse con la industria de material ferroviario española Talgo mediante una oferta pública de adquisición en 2024 registró un procedimiento arbitral contra el Reino de España ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Suecia (SCC). El procedimiento ha optado por fijar la sede en Zúrich.
El caso tiene su origen en los cambios regulatorios introducidos por España que, a partir de 2013, acabaron con el sistema de incentivos a las energías renovables, lo que llevó a que numerosos inversores extranjeros alegaran que dichas reformas vulneraban las garantías de protección de las inversiones previstas en el Tratado de la Carta de la Energía.
Lejos de dar la guerra por perdida, el Gobierno ha presentado una nueva solicitud de anulación de este segundo laudo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje del Banco Mundial.
El grupo minero australiano Berkeley Energía ha presentado un memorial ante el CIADI en el que cifra en 1.250 millones de dólares (casi mil millones de euros) lo que pide a España. La compañía minera alega que las acciones de España contra su filial española y su proyecto en el país han violado múltiples disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), según ha recalcado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) se unen a varias plataformas europeas para demandar el fin del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, un sistema que socava la acción democrática de los gobiernos y obstaculiza la urgente transición ecológica.
El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) da la razón al Estado frente a la reclamación de la alemana Portigon, bajo el Tratado de la Carta de la Energía
El Reino de España ha sido condenado por CIADI a indemnizar a la corporación japonesa Itochu con un total de 9,2 millones de euros, como resultado de un arbitraje internacional relacionado con los recortes retroactivos aplicados entre 2010 y 2014 sobre las primas ofrecidas a la inversión en energías renovables.
España ha sido condenado por el CIADI a indemnizar a la empresa japonesa Mitsui & Co. con un total de 39,2 millones de euros, como resultado de un arbitraje internacional relacionado con los recortes a las primas a las energías renovables.
