El Español | 24 de Febrero, 2026
España se 'atrinchera' en su batalla por las renovables: pide la anulación del segundo laudo de 262 millones de Eiser
Por Alba Pérez
España se atrinchera en su batalla por el recorte retroactivo a las primas renovables practicado entre los años 2010 y 2014. Tras anular un primer laudo condenatorio con el fondo Eiser, el Estado acabó el año pasado con un nuevo fallo que le dobló la factura hasta los 262 millones de euros.
Lejos de dar la guerra por perdida, el Gobierno ha presentado una nueva solicitud de anulación de este segundo laudo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje del Banco Mundial.
Se trata de otro intento de frenar el que es el primer laudo condenatorio de España y la segunda factura más alta por la retirada de primas renovables, sólo superada por el laudo de NextEra (290 millones).
El caso Eiser viene de lejos. Es un procedimiento que arrancó en 2013, tuvo una primera condena en 2017, fue anulado en 2020 por conflicto de interés de uno de los árbitros y encajó un segundo varapalo mayor el pasado mes de octubre de 2025.
En esta ocasión, según fuentes consultadas por este periódico, España vuelve a apoyarse en el argumento de que el pago del laudo vulneraría el Derecho de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.
La Abogacía del Estado sostiene que una indemnización como la que ordena el Ciadi equivaldría, en la práctica, a conceder una ayuda pública selectiva sin autorización previa de la Comisión Europea.
Con la nueva solicitud de anulación de España, la ejecución del laudo vuelve a quedar temporalmente en suspenso, tras 12 años de pulso por el perjuicio que sufrió la inversión en plantas termosolares.
El caso Eiser
En 2017, el Ciadi condenó a España a pagar 128 millones de euros al fondo Eiser por el daño causado a su inversión en tres plantas termosolares españolas, de unos 150 megavatios (MW) de potencia conjunta, levantadas al calor del antiguo sistema de primas y golpeadas después por los recortes retroactivos.
Aquella victoria duró poco. En 2020, el laudo fue anulado porque uno de los árbitros, Stanimir Alexandrov, mantenía una relación profesional estrecha y no revelada con el perito de las demandantes del Brattle Group.
El comité consideró incompatible este conflicto de interés con la independencia del tribunal, por lo que tumbó la condena.
Sin embargo, como la decisión se basó en un defecto de forma y no en el análisis de fondo sobre los recortes, Eiser volvió a la carga y registró una nueva demanda en julio de 2021.
De ese segundo procedimiento salió, en octubre de 2025, un nuevo laudo que eleva la factura a 262 millones de euros más intereses desde el 1 de enero de 2024, más del doble que en 2017.
El salto en la indemnización respondió al paso del tiempo -con tipos más bajos y daños ya materializados- y al ajuste de los modelos periciales.
Los inversores pasaron de reclamar 256 a unos 444 millones, y el tribunal, aplicando un descuento de flujos de caja con una vida útil de 25 años para las plantas frente a los 40 defendidos por Eiser, situó la compensación en esos 262 millones.
Ahora, la nueva solicitud de anulación presentada por España retrasará la ejecución del laudo, lo que le permite ganar tiempo, pero sus opciones son muy limitadas. En el sistema del Ciadi, la gran mayoría de peticiones de este tipo han acabado siendo rechazadas.
España acumula ya más de una veintena de laudos adversos por los recortes a las renovables, que suman más de 1.700 millones de euros en indemnizaciones, y aun así casi ninguno se ha pagado.
Sólo en junio de 2025, el Gobierno desembolsó por primera y única vez un laudo de Blasket Renewable Investments. El Ejecutivo pagó entonces 32 millones de euros por una condena dictada en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation.
