Radiojgm | 18 de Mayo, 2026
Cuando las corporaciones demandan a los Estados: cómo los tratados de libre comercio cambiaron las reglas del juego
Por Amaya Leppe
Cada vez que un gobierno sube el salario mínimo, aprueba una ley ambiental o regula una empresa extranjera, puede estar arriesgando una demanda millonaria. No ante un tribunal de su país, sino ante un panel privado de árbitros que opera fuera de su jurisdicción. Es una de las consecuencias menos conocidas de los tratados de libre comercio vigentes, y organizaciones de Ecuador, Paraguay y Chile advierten que está transformando en silencio la relación entre los Estados y las grandes corporaciones.
Primero, lo básico: ¿qué es un tratado de libre comercio?
Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo entre dos o más países para facilitar el intercambio comercial entre ellos. En su forma original, estos acuerdos se centraban en reducir aranceles –los impuestos que se cobran al importar o exportar productos– para que los bienes pudieran cruzar fronteras más fácilmente y a menor costo.
Pero los TLC de las últimas décadas son otra cosa. Alhelí González, de la plataforma Paraguay Mejor sin Libre Comercio, lo explica así: estos acuerdos «han mutado desde acuerdos arancelarios hacia marcos normativos mucho más integrales que regulan las inversiones, la propiedad intelectual, las compras públicas y hasta los estándares regulatorios». Un dato de Patricio Véjar, del equipo coordinador de Chile Mejor sin TLC, lo ilustra con claridad: en el TPP-11 –uno de los tratados más importantes del mundo, del que Chile es parte– solo cinco de sus treinta artículos están directamente relacionados con el comercio. Los otros veinticinco regulan materias muy diversas, incluyendo mecanismos que limitan lo que los gobiernos pueden hacer con sus propias políticas públicas.
El resultado, según González, es que estos tratados funcionan como «una suerte de constitución económica paralela que va limitando la capacidad de los estados para definir políticas públicas».
¿Y qué es el CIADI?
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es un tribunal de arbitraje creado en 1965 en el marco del Banco Mundial. Su función original era ofrecer un espacio neutral donde resolver disputas entre inversores extranjeros y los Estados que los reciben.
El problema, dicen sus críticos, es cómo funciona en la práctica. A diferencia de los tribunales nacionales –cuyos jueces son designados por el Estado y deben responder a su ordenamiento jurídico–, el CIADI opera con árbitros privados, elegidos caso a caso, cuyos honorarios pueden superar los tres mil dólares por hora. Sus sesiones se realizan principalmente en Estados Unidos y Europa, y sus decisiones pueden obligar a un país a pagar indemnizaciones de miles de millones de dólares. Lo más importante: cualquier empresa extranjera que considere que una política pública de un gobierno perjudicó sus ganancias puede iniciar una demanda ante este tribunal, sin necesidad de haber agotado antes los recursos judiciales del país en cuestión.
El CIADI no es el único mecanismo de este tipo, pero es el más utilizado a nivel mundial. La gran mayoría de las demandas registradas en América Latina provienen de empresas de Estados Unidos y Canadá.
Más allá de los casos que llegan a juicio, González describe lo que considera el impacto más profundo de estos mecanismos: «generan un efecto de enfriamiento en donde los estados evitan legislar por temor a los litigios a los que podrían enfrentarse». En otras palabras, aunque un gobierno nunca sea formalmente demandado, la sola amenaza de una demanda multimillonaria puede ser suficiente para que abandone o suavice una ley que afecte los intereses de alguna corporación extranjera.
Tania Chicaiza, docente investigadora de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito e integrante de Ecuador Decide No Más TLC desde hace dos décadas, lo formula en términos más directos:
«Lo que buscan a través de estos tribunales es disciplinar a los Estados, para que no ejerzan su poder regulatorio de ninguna manera y no protejan los derechos humanos, los derechos de los pueblos, ni los derechos ambientales».
Entonces, la asimetría se pronuncia: las corporaciones tienen instrumentos legales para demandar a los Estados, pero los Estados no cuentan con ningún mecanismo equivalente para demandar a las empresas por los daños ambientales, sociales o laborales que puedan causar.
Ecuador: salida, reingreso y un caso paradigmático
Ecuador tiene una historia con el CIADI. En 2009, el presidente Rafael Correa formalizó la salida del país del organismo, alegando que su pertenencia violaba el artículo 422 de la Constitución de Montecristi, que prohíbe expresamente ceder jurisdicción soberana a tribunales arbitrales internacionales. En ese momento, el país enfrentaba demandas por más de 10.800 millones de dólares, principalmente de petroleras estadounidenses y canadienses. Bolivia, Venezuela y Nicaragua tomaron la misma decisión en ese período, en el marco del bloque regional ALBA.
Doce años después, en julio de 2021, el presidente Guillermo Lasso reincorporó a Ecuador al CIADI mediante decreto ejecutivo y sin aprobación de la Asamblea Nacional, bajo el objetivo de atraer inversión extranjera. Apenas reingresó, una empresa chilena registró una nueva demanda contra el país.
El caso que mejor ilustra lo que está en juego es el de Chevron-Texaco. Durante décadas, comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana denunciaron la contaminación provocada por la operación petrolera de la empresa en la región. Tras años de litigio, la justicia ecuatoriana dictó una sentencia de 9.500 millones de dólares contra Chevron. Un tribunal arbitral internacional la anuló. «Ganan un juicio contra Chevron, se demuestra el nivel de contaminación en la Amazonía, se hace toda una campaña internacional, pero resulta que un tribunal anula la sentencia y protege a una transnacional», describe Chicaiza. «Apoyar estos tratados es siempre aceptar que un puñado de árbitros pagados por las corporaciones tengan mucho más poder que las Cortes Constitucionales y que el mismo Estado».
Chile: el caso de las Isapres
Chile ha sido demandado ante el CIADI con menos frecuencia que otros países de la región, como Argentina, México o Perú. Véjar explica que esto se debe a que Chile tiene una de las economías más desreguladas del mundo, lo que hace difícil que surjan condiciones percibidas como perjudiciales por los inversores, y a que el país prefiere negociar soluciones amistosas antes que enfrentar juicios. Soluciones que, aclara, igualmente implican compensaciones económicas para las empresas.
Pero actualmente hay una demanda activa que lo dice todo. La empresa británica Bupa está demandando al Estado chileno ante el CIADI por las medidas que obligaron a la Isapre Cruz Blanca –una aseguradora de salud privada del mismo grupo– a devolver cobros excesivos a sus afiliados y a eliminar discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud. Bupa argumenta que esa regulación –que en términos simples buscaba que las personas pagaran menos y de forma más justa por su salud– constituye una «expropiación indirecta» de sus ganancias.
«Aquí vemos un ejemplo claro de la manera en que el mecanismo inversor-Estado se constituye en una amenaza para la implementación de políticas públicas de gran importancia para la sociedad, como la salud», señala Véjar.
Paraguay: un modelo ya liberalizado
González aporta la perspectiva paraguaya, que tiene una particularidad: a diferencia de Chile, Argentina o Brasil, Paraguay no necesitó transitar por TLC para liberalizar su economía, «porque ya viene de una tradición desregularizadora». Lo que han hecho estos acuerdos en su caso es reforzar los mecanismos que benefician al capital extranjero, especialmente en el sector agroexportador –soja y carne– en detrimento de políticas redistributivas y ambientales. El acuerdo recientemente ratificado entre la Unión Europea y el Mercosur, dice González, es un ejemplo claro: «las estructuras productivas del Mercosur se encuentran absolutamente subordinadas a las exigencias y necesidades de la acumulación de capital en Europa».
Las corporaciones en los foros internacionales
El peso de las empresas no existe solo a través de los tribunales. Véjar describe cómo opera el lobby corporativo en los espacios donde se toman las decisiones globales: las empresas tecnológicas tienen 140 firmas de lobby registradas ante la Comisión Europea, las energéticas 90 y las farmacéuticas 100. Es habitual, además, que los equipos negociadores de los países incluyan directamente a ejecutivos de grandes empresas. A eso se suma la capacidad de incidir en los medios a través de la compra de publicidad.
González lo describe así: «las corporaciones transnacionales tienen una capacidad de lobby, de financiamiento y de presión muy superior a la de muchos de nuestros estados, participan indirectamente en la redacción de normas y operan en múltiples jurisdicciones, mientras que los estados siguen siendo territoriales». Chicaiza añade que los esfuerzos por crear tratados vinculantes que obliguen a las corporaciones a rendir cuentas por violaciones de derechos humanos han sido bloqueados sistemáticamente en estos mismos foros.
¿Qué proponen?
Las tres organizaciones confluyen en una agenda de resistencia. Desde Chile, Véjar propone una moratoria absoluta de nuevos acuerdos comerciales, seguida de una auditoría integral de los tratados vigentes que evalúe su impacto sobre el empleo, la soberanía alimentaria y el medioambiente. «Los tratados de libre comercio son parte de la arquitectura de dominación neocolonial que se ha venido desarrollando para mantener a los países menos desarrollados como proveedores de materias primas», afirma.
González, desde Paraguay, promueve la integración regional entre economías complementarias, con soberanía alimentaria y regulación del capital transnacional. Su pregunta de fondo: «¿Cómo, para quién y bajo qué reglas se integran nuestras economías en el mundo?».
Chicaiza sintetiza desde Ecuador: «Rechazar los TLC no es cerrarse al mundo, sino construir un modelo económico más justo, más respetuoso con el ambiente, con la soberanía, con los derechos. No podemos seguir apoyando un sistema que privilegia el capital financiero frente a la vida”.
