Mapa de casos ISDS
América Latina
El pasado 17 de enero se firmó en Asunción el Acuerdo MERCOSUR-UE. Mientras que en 2005 se rechazó la integración con Estados Unidos por temor a las asimetrías, el acuerdo con la Unión Europea de 2026 se presenta como una apuesta a la «inserción inteligente». ¿Cómo analizaremos esta etapa? ¿Representa este nuevo acuerdo una contracara del ALCA o es, en realidad, una nueva pieza del mismo blindaje brindado al capital?
El derecho internacional contemporáneo se caracteriza por la coexistencia de múltiples regímenes especializados que operan con relativa autonomía. Sin embargo, en ciertos casos, esta fragmentación produce verdaderas colisiones normativas entre sistemas que responden a racionalidades jurídicas distintas. El conflicto entre el derecho internacional de las inversiones y el derecho internacional de los derechos humanos constituye uno de los ejemplos más claros de este tipo de colisiones.
Cada vez que un gobierno sube el salario mínimo, aprueba una ley ambiental o regula una empresa extranjera, puede estar arriesgando una demanda millonaria. Es una de las consecuencias de los tratados de libre comercio vigentes, y organizaciones de Ecuador, Paraguay y Chile advierten que está transformando la relación entre los Estados y las corporaciones.
El mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) ha dejado de ser un tecnicismo legal para convertirse en un factor determinante de la política económica y ambiental en América Latina, con sus consecuentes impactos sociales, ambientales, políticos y culturales para sus poblaciones indígenas y no indígenas.
El mundo cambia, rápido y de manera sorprendente. Hace 25 años, empujados por la globalización económica, comenzaron a proliferar los tratados que tenían por objetivo reducir al máximo los aranceles, a la vez que desregular y garantizar al capital global la tan preciada “seguridad jurídica”.
El Transnational Institute (TNI) publicó una actualización de su reporte “ISDS en números”, que da cuenta de la situación regional en cuanto a las demandas de inversores extranjeros contra países de América Latina y el Caribe. Dicho informe señala que hasta el 31 de marzo los Estados de la región acumulan 429 demandas. Los países más demandados son: Panamá, Perú, República Dominicana, Argentina
Corea del Sur pretende ampliar su red de tratados de libre comercio (TLC) con los mercados emergentes, tales como América Latina y África, en sus últimos esfuerzos para diversificar las cadenas de suministro, dijo, este lunes, el ministro de Finanzas y Economía, Koo Yun-cheol.
Ante el aumento récord de demandas corporativas contra Estados latinoamericanos, México propone ajustar el arbitraje del T-MEC y sostiene que el comercio regional debe mantenerse, pero con reglas que impidan que los mecanismos de solución de controversias funcionen como tribunales supranacionales capaces de condicionar políticas públicas.
Cada vez más, el avance corporativo se disfraza de protección legal. Bajo leyes que supuestamente resguardan la semilla, se abren puertas para su registro, certificación o privatización. Frente a ese cerco, los pueblos indígenas y rurales sostienen sus semillas como si fueran un territorio vivo. Lo que está en juego no es solo la agricultura, sino un pilar esencial de las sociedades latinoamericanas.
Este informe presenta una sistematización y análisis de las estadísticas de las demandas arbitrales iniciadas por inversores extranjeros contra los Estados de América Latina y el Caribe (ALC) en el marco de tratados internacionales de protección de inversiones. Los datos relevados abarcan hasta el 15 de octubre de 2025. Además se ofrece un análisis de los impactos de estas demandas.
