EPAs UE-ACP

En el año 2000, la Unión Europea y el grupo de países del África, el Caribe y el Pacífico conocido como grupo ACP adoptaron el Acuerdo de Cotonou, que es un acuerdo marco que abarca el comercio, la ayuda internacional y la cooperación política. Dicho acuerdo sustituyó a la Convención de Lomé que lo antecedió, estableciendo un conjunto general de relaciones privilegiadas entre la UE y los países del ACP en asuntos tales como el acceso al mercado, la asistencia técnica y otros temas. El objetivo del acuerdo es facilitar la integración económica y política de los países del ACP al mercado mundial liberalizado, en el correr de un periodo de veinte años a partir de su aprobación en 2000. Muchos países del Grupo ACP son países calificados como menos desarrollados (PMD).

Según los términos del Acuerdo de Cotonou, las partes convinieron negociar una serie de tratados bilaterales individuales entre la UE y los países del ACP participantes, confeccionados especialmente para siete racimos de países (África Occidental, África Oriental, África Oriental y del Sur, África Central, SADC, el Caribe y el Pacífico).
Para la UE, los acuerdos de asociación económica (AAE) se suponen que son acuerdos de libre comercio integrales, y están adornados con la retórica del “desarrollo” y de “integración regional”. Para la Unión Europea, ser integral significa no sólo la liberalización del comercio de bienes, sino también la liberalización de servicios, inversiones y procuración gubernamental, además del fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual, reglas de competencia, etcétera.

Las negociaciones de estos Acuerdos de Asociación Económica comenzaron en septiembre de 2002 y se suponía que concluirían el 31 de diciembre de 2007. De ahí que se solicitara y concediera una exención de la OMC para mantener las relaciones comerciales preferenciales unilaterales de la UE con los países ACP hasta esa fecha. (La UE fundamentó su iniciativa en la supuesta necesidad de armonizar sus relaciones de manera de hacerlas “compatibles con la OMC”, y los países del ACP aceptaron ese argumento.) A medida que las negociaciones avanzaron, los países del ACP quedaron atrapados entre la espada y la pared. Querían tener acceso a las porciones de mercado que ofrecen los AAE, pero a cambio tendrían que pagar un costo elevadísimo en términos de impuestos aduaneros perdidos, desestabilización de sus economías debido a la avalancha de productos europeos importados que cada acuerdo acarrearía, compromisos inciertos de ayuda financiera de la UE, autonomía política restringida, etc. La sociedad civil, los sindicatos de trabajadores y los grupos empresariales de los países del ACP estudiaron las implicaciones de esos acuerdos y lanzaron vigorosas campañas para frenar la firma de los AAE.

La fecha límite para firmar los Acuerdos de Asociación Económica el 31 de diciembre de 2007, llegó y se fue en medio de un torrente de problemas. Sólo la región del Caribe concluyó las negociaciones de un AAE de gran alcance antes de la fecha límite. Otros varios estados —incluyendo Papúa Nueva Guinea, Fiji, Ghana y Costa de Marfil— iniciaron negociaciones bilaterales de acuerdos provisionales, sobre bienes solamente, para asegurar la continuidad de sus exportaciones. Otros, como Senegal, juraron que no firmarían hasta que “los problemas de desarrollo” fueran considerados. Las negociaciones continuaron entonces para revisar los AAE provisorios que parecían contener muchas disposiciones problemáticas y para lograr acuerdos regionales. Con el objetivo de presionar sobre estas negociaciones, la UE impuso una nueva fecha límite: los países de la ACP (no pertenecientes al grupo de los menos desarrollados) que hubieran iniciado o firmado AAE provisionales pero que no los hubieran ratificado o iniciado su implementación antes de del primero de enero de 2014 perderían el acceso preferencial a los mercados de la Unión Europea. Como resultado de esta amenaza, se aprobaron Acuerdos de Asociación Económica regionales en el verano de 2014 en África Occidental, Oriental y del Sur.

No obstante, la Comisión Europea advirtió a las tres regiones que podría terminar el acceso preferencial a los mercados si estos acuerdos regionales no eran ratificados en el plazo de dos años. A mediados de 2016 la Comisión Europea presentó los instrumentos legales para hacer efectiva esta amenaza a partir del primero de octubre de 2016. Todos los países no pertenecientes al grupo de los menos desarrollados que fueron sujetos a esta presión (Ghana, Costa de Marfil, Botsuana, Namibia, Suazilandia y Kenia) se rindieron y “ratificaron”.

Los países de África Occidental aprobaron un AAE regional el 10 de julio de 2014 pero el acuerdo aún no es ratificado por Gambia, Mauritania y Nigeria, (donde enfrenta una prolongada oposición). Bajo la presión de un ultimátum de la Comisión Europea en 2016, Costa de Marfil y Ghana decidieron ratificar en agosto de 2016 el antiguo y desactualizado acuerdo de 2007. El Acuerdo de Asociación Económica provisional de Costa de Marfil está siendo aplicado desde el 8 de septiembre de 2016, mientras que el acuerdo provisional de Ghana aún tiene que ser aprobado por el parlamento europeo y está vigente desde el 15 de diciembre de 2016.

El Acuerdo de Asociación Económica de la Comunidad de África Oriental se suponía que debía ser firmado en julio de 2016, pero Tanzania anunció que no estaba preparada para firmar, ya que quería examinar en mayor detalle los efectos del acuerdo, especialmente a la luz de un posible Brexit. Bajo la presión de la Unión Europea, Kenia, el único país de la región que no pertenece al grupo de los países menos desarrollados, decidió firmar y ratificar el AAE. Ruanda también firmó.

En la región de África de Sur, seis países miembros de la Comunidad de Desarrollo de África del Sur