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Entrevista con Pablo Fajardo, abogado ambientalista de los demandantes a Chevron Texaco en Ecuador, quién nos cuenta sus actuales preocupaciones sobre el caso.
Restringir la soberanía, limitar la capacidad de aplicar legislación y medidas administrativas, y permitir que empresas transnacionales actúen por sobre las leyes locales afectando derechos humanos y el medio ambiente.
El Estado boliviano le ganó el arbitraje internacional que le había instaurado la empresa canadiense South American Silver por la mina Mallku Khota y ahorró más de 367 millones de dólares.
La compañía danesa Athena Investments ha emitido un comunicado en el que da a conocer el resultado del laudo del arbitraje de inversiones que mantenía con España desde 2015 ante un tribunal del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) que le favorece con una indemnización de 11 millones de euros.
Desde hace 25 años se han negociado y firmado más de 300 TLC y cerca de 3.000 TBI a nivel global. En este cuarto de siglo, estos tratados han ido ampliando los derechos para inversores y operadores de comercio, mientras acotan el margen de maniobra de los Estados.
La compañía estadounidense Legacy Vulcan notificó hace dos meses la intención de someter una reclamación contra México a arbitraje en relación con sus inversiones en yacimientos de piedra caliza y al amparo del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El pasado 31 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia alemán anuló el laudo de 2012 que daba la razón a la compañía de seguros Achmea, que demandaba la violación del Tratado Bilateral de Inversiones Eslovaquia-Países Bajos, en un arbitraje contra Eslovaquia
El empresario peruano Dick Abanto ha presentado una demanda de arbitraje contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por intervenir su empresa de telecomunicaciones en 2014, aduciendo su pertenencia a un venezolano acusado de fraude y estafa, que Abanto niega.
El presidente de la República Martín Vizcarra aprobó una partida de S/ 108 394 504 soles a favor de la minera. El pago se debe a la cancelación del proyecto minero debido a las protestas conocidas como el Aimarazo.
Como representantes de las organizaciones de la sociedad civil global, reiteramos nuestra oposición inequívoca al régimen de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) y los derechos de gran alcance para los inversionistas extranjeros consagrados en los tratados de comercio e inversión.
