Mapa de casos ISDS
litigios inversionista-estado | ISDS
Defensores del agua de la Resistencia Pacífica La Puya, al norte de la Ciudad de Guatemala, celebraron una victoria importante durante las fiestas de fin de año. El 23 de diciembre, un panel de arbitraje del CIADI del Banco Mundial falló en contra de la empresa con sede en Nevada, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), en una demanda de casi 500 millones de dólares en contra Guatemala.
La demanda es por 600 millones de dólares y la empresa mayoritaria de Montecon, Neltume Ports, inició el reclamo en 2024, recurriendo al tratado de protección de inversiones entre Chile y Uruguay.
La empresa argumentó que dicha falta de acción ocurrió pese a tratarse de una inversión extranjera protegida por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú. Tras varios años de procedimiento, el tribunal arbitral concluyó que el Estado peruano incumplió estándares internacionales clave.
El caso de Wingtech invoca el Artículo 10 del tratado de inversión entre Países Bajos y China, que establece que los inversores de cada país deben ser tratados en igualdad de condiciones que los inversores nacionales y compensados en caso de intervención estatal.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú, ha iniciado los trámites para cumplir con el pago del laudo arbitral ordenado a favor de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., afiliada de Andino Investment Holding S.A.A. (AIH). El arbitraje se sustentó en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Perú y Argentina.
En este sistema de arbitraje injusto, que es una cancha unilateral en donde solamente las empresas transnacionales pueden demandar a los Estados y no al revés, efectivamente el Estado no gana, simplemente no pierde. Guatemala está en un momento propicio en que puede revisar los compromisos que ha asumido en los tratados de inversión y decidir si le conviene mantenerse o no en este sistema ponderando los costos y beneficios.
La empresa minera Kappes, Cassidy & Associates (KCA), demandó a Guatemala por USD 499 millones ante un tribunal internacional, luego de que su proyecto minero El Tambor fuera suspendido por resoluciones judiciales tras la resistencia pacífica de comunidades organizadas en defensa de su territorio. El caso fue resuelto a favor del país, en un fallo que marca un precedente en materia de defensa territorial.
En una nota anterior abordamos el problema de la deuda “eterna”. Esta vez corresponde correr otro velo: el de un vaciamiento sistemático, disfrazado de legalidad internacional, que terminó costándole a la Argentina decenas de miles de millones de dólares. No se trata de un error técnico ni de una fatalidad histórica, sino de una construcción jurídica precisa, sostenida sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y el CIADI.
Un tribunal federal de Estados Unidos declaró al Estado peruano en situación de default debido al incumplimiento del pago de 91 millones de dólares, por la cancelación unilateral del contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco. El caso se basa en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Perú y Argentina de 1994.
La constructora española FCC mantiene una demanda contra Panamá ante el CIADI, basada en el Tratado Bilateral de Inversión con España. El reclamo, por unos $59 millones, se vincula a proyectos de infraestructura ya concluidos
