Mapa de casos ISDS
litigios inversionista-estado | ISDS
Panamá se prepara para el laudo final del CIADI en el arbitraje interpuesto por la constructora italiana WeBuild, bajo el Tratado Bilateral de Inversión entre Italia y Panamá. Tras concluir la fase de pruebas, el tribunal delibera sobre un reclamo de $2,200 millones relacionado con la ampliación del Canal.
La reciente sentencia de 24 de noviembre de 2025 del Tribunal del Distrito de Columbia, en el caso Blasket Renewable Investments LLC vs. Reino de España, marca un punto de inflexión en la ejecución de laudos arbitrales CIADI en Estados Unidos y tiene unas profundas implicaciones para España.
Un mecanismo legal poco conocido pero poderoso está socavando la transición energética, al permitir que las empresas de combustibles fósiles demanden a los países que adopten medidas climáticas.
Durante la presidenta Xiomara Castro en Honduras, se hicieron esfuerzos para revertir la creación, muy impopular, de ciudades modelo conocidas como las ZEDE, la profundización de la privatización en el sector energético y los contratos de infraestructura público-privados muy desfavorables para el interés público. En respuesta, Honduras se enfrentó a una avalancha de demandas por Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS), que ascienden a unos 10 000 millones de dólares.
Durante la presidenta Xiomara Castro en Honduras, se hicieron esfuerzos para revertir la creación, muy impopular, de ciudades modelo conocidas como las ZEDE, la profundización de la privatización en el sector energético y los contratos de infraestructura público-privados muy desfavorables para el interés público. En respuesta, Honduras se enfrentó a una avalancha de demandas por Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS), que ascienden a unos 10 000 millones de dólares.
Lupaka Gold podría intentar hacerse con ciertos activos estatales peruanos a menos que el país le pague el laudo arbitral. El presidente de Lupaka, Gordon Ellis, afirmó que se ha identificado a la petrolera nacional peruana, Petroperú, que tiene “enormes deudas y paga grandes cantidades de dinero por ellas regularmente”, como un posible objetivo.
El movimiento Revolución Ciudadana de de Ecuador, exigió al Gobierno respetar el mandato popular que rechazó el arbitraje internacional y cuestionó un tratado de inversiones negociado con Emiratos Árabes Unidos (EAU) por incluir ese mecanismo. La organización recordó que en el referéndum de abril de 2024 la ciudadanía votó en contra de incluir arbitraje internacional en convenios bilaterales.
El Estado peruano realizó el pago de US$ 91 millones en cumplimiento del laudo arbitral del CIADI a favor del consorcio Kuntur Wasi. El desembolso se realizó por la resolución del contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero, cuya cancelación fue considerada injustificada por el tribunal internacional en 2024.
El Acuerdo habla de “protección recíproca”. El objetivo central es estimular el flujo de capital, no el bienestar social, ambiental o territorial. No se menciona a comunidades, pueblos indígenas, trabajadores ni naturaleza como sujetos de protección. El arbitraje inversionista-Estado es la arquitectura central del tratado, ignorando la función jurisdiccional del Estado. No incorpora referencias a tratados de derechos humanos. Tampoco condiciona la protección de inversiones al cumplimiento de estándares sociales o laborales.
El gobierno de Uruguay anunció que acordó con la firma Montecon una prórroga para seguir negociando frente a un arbitraje internacional. Esto comenzó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando concedió la terminal de contenedores del puerto de Montevideo por 80 años a otra empresa, Terminal Cuenca del Plata.
