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Organizaciones sociales nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos y los derechos colectivos, presentaron el manifiesto titulado: “Pronunciamiento en Defensa de la Soberanía y los Derechos Colectivos en Honduras – Volver al CIADI es una señal de sumisión Nasry Asfura al capital transnacional”, un documento que rechaza de manera firme la decisión del nuevo gobierno hondureño de reincorporar al país al CIADI.
La denuncia se produjo en un contexto de demandas internacionales, entre ellas la interpuesta por inversionistas de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera, quienes reclamaron USD 10,775 millones tras la derogación, en abril de 2022, de las normativas que permitieron la instalación de ese régimen especial en el país.
Lejos de dar la guerra por perdida, el Gobierno ha presentado una nueva solicitud de anulación de este segundo laudo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje del Banco Mundial.
El caso, patrocinado por Dechamps International Law, invoca el tratado bilateral de inversión suscrito entre Uruguay y España en 1992 y se vincula con la rescisión, en 2005, del contrato con el Consorcio Ruta 1 S.A. para la construcción, conservación y explotación del tramo de doble vía Montevideo–Libertad y la obra del puente sobre el río Santa Lucía.
PPC indicó que tanto la compañía como sus inversionistas “continúan reservándose permanentemente todos los derechos y recursos contra el Estado”, incluyendo mecanismos de arbitraje internacional y protecciones bajo tratados de inversión.
Ante el aumento récord de demandas corporativas contra Estados latinoamericanos, México propone ajustar el arbitraje del T-MEC y sostiene que el comercio regional debe mantenerse, pero con reglas que impidan que los mecanismos de solución de controversias funcionen como tribunales supranacionales capaces de condicionar políticas públicas.
El caso, patrocinado por Dechamps International Law, invoca el tratado bilateral de inversión suscrito entre Uruguay y España en 1992 y se vincula con la rescisión, en 2005, del contrato con el Consorcio Ruta 1 S.A. para la construcción, conservación y explotación del tramo de doble vía Montevideo–Libertad y la obra del puente sobre el río Santa Lucía.
Existen numerosos casos de empresas que demandan a Estados a través de filiales locales, o incluso sociedades fantasma, que asumen todo el riesgo del proceso, protegiendo así a la empresa matriz. «Los árbitros han tolerado estas prácticas, a pesar de que algunos tratados enfatizan que la inversión debe contribuir al desarrollo local de los países receptores»
Estos contratos se denominan “tratados bilaterales de inversión” (TBI). Celebrados entre dos Estados para proteger a sus respectivos inversores, han proliferado desde finales de la década de 1960. Sin embargo, no fue hasta 1990 cuando se invocó por primera vez la cláusula de arbitraje en virtud de uno de estos TBI.
El grupo minero australiano Berkeley Energía ha presentado un memorial ante el CIADI en el que cifra en 1.250 millones de dólares (casi mil millones de euros) lo que pide a España. La compañía minera alega que las acciones de España contra su filial española y su proyecto en el país han violado múltiples disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), según ha recalcado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
