Mapa de casos ISDS
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Este informe contiene una sistematización de estadísticas en base a un análisis de los casos inversor-Estado conocidos contra Perú hasta Diciembre de 2020. Perú cuenta con 27 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) vigentes.
Los Derechos Humanos están en el centro de numerosas demandas de arbitraje de inversiones.
Así lo anunció la embajadora de este país en Estados Unidos. El CIADI es un organismo del Banco Mundial donde las multinacionales pueden demandar a los Estados cuando consideran afectadas sus inversiones.
Bufetes de abogados y empresas amenazan con demandar a Estados por medidas contra Covid-19
Ayer, 21 de junio de 2021 y después de 12 años de su denuncia y correspondiente retirada por parte del Gobierno de Rafael Correa, Ecuador vuelve a aceptar el arbitraje de inversiones con la firma del Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados: el Convenio CIADI.
Este reclamo a causa de la ley que permite adelantar el retiro de rentas vitalicias, se suma a la solicitud de Ohio National de EEUU notificada hace un mes.
Este reclamo se suma a otro que el país recibió un mes atrás del grupo Ohio de Estados Unidos, ante lo cual el Ministerio de Relaciones activó el procedimiento de resolución de controversias establecido en el Tratado de Libre Comercio entre ambos países.
La Comisión Europea y los Estados miembros han participado en la quinta ronda de negociación sobre la modernización del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Entre los temas discutidos: la Solución de Controversias.
La compañía Kaloti Metals & Logistics ha presentado un arbitraje de inversiones contra Perú en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Tras la demanda una investigación por comercio ilegal y blanqueo de capitales.
Finalmente, las compañías inversoras en energías renovables Eiser Infrastructure Ltd. y Energia Solar Luxembourg SARL han renunciado a su lucha por el laudo de 128 millones de euros contra España, emitido a su favor en 2017 y que fue anulado porque el árbitro designado por los inversores tenía un conflicto de intereses que no había sido revelado.
