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El reciente informe “Inversiones Mafiosas contra Honduras” aborda la preocupante situación que enfrenta el país centroamericano frente a las demandas interpuestas por empresas transnacionales en tribunales de arbitraje internacional.
“Debido a las serias deficiencias de la resolución, y considerando las críticas expuestas por el árbitro disidente, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. Asimismo, el Gobierno de México hará valer todos los medios de defensa posibles.”
La compañía estadounidense Odyssey Marine Exploration ha informado del laudo en el arbitraje de inversiones iniciado en 2019 contra México en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
El laudo medio en la década entre 1994 y 2003 se situó en 25 millones USD y se ha multiplicado por diez hasta 256 millones USD en la década entre 2014 y 2023. Los tribunales han concedido sumas superiores a los 100 millones en más de una cuarta parte de todos los casos ganados por inversores.
En 2023 y 2024 Honduras ha recibido el total de diecinueve demandas en el arbitraje internacional por parte de inversionistas extranjeros y nacionales. Solamente entre 2023 y 2024 (hasta agosto) recibió catorce demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
Hay que tomar muy en serio las amenazas de la Cámara Internacional de Comercio de más demandas en contra de México en tribunales internacionales ante la reforma judicial aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada, y actualmente en discusión en el Senado
En 2023 México fue el país que más demandas de arbitraje de inversión recibió en el marco de tratados de protección de inversiones a nivel mundial.
La compañía de Países Bajos Smurfit Westrock ha anunciado el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en su litigio con Venezuela.
Odebrecht ha perdido el arbitraje que mantiene con el Aeropuerto Internacional de Tocumen SA (AITSA), compañía estatal panameña, y en el que reclamaba 19 millones de dólares a través de un arbitraje iniciado en 2021.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) ha rechazado la petición de nulidad de España del laudo que reconoció a Renergy, con sede en Luxemburgo, el derecho a ser indemnizada con 32,9 millones de euros por el recorte de las primas a las renovables en 2013.
