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La compañía con sede en Guatemala Fibranet y su subsidiaria Cablefrecuencias enviaron una notificación de intención de recurrir a arbitraje internacional a El Salvador, a través de la firma internacional Eversheds Sutherland, respecto a sus inversiones en el sector de las telecomunicaciones.
El presidente Petro habló de la revisión del TLC con la Unión Europea, pero sobre un tema que no está en el tratado y después de años de haber anunciado la renegociación.
El acuerdo entre Titan Consortium y Argentina contempla el pago de 389,5 millones USD incluyendo intereses a partir del día del fallo, según ha comunicado en la red social X Sebastián Maril (Latam Advisors).
Después de un año de investigaciones, entrevistas, conversaciones y debates, logramos compilar en un reporte de 130 páginas la información básica sobre la avalancha de catorce demandas arbitrales contra Honduras en el corto periodo de 2023 hasta la mitad de 2024, además de las cinco demandas que el país había recibido antes de 2023.
Este informe contiene una sistematización y análisis de las estadísticas de las demandas arbitrales de inversores extranjeros contra los Estados de América Latina y el Caribe (ALC) en base a tratados internacionales con protección de inversiones. Se contabilizan los datos hasta el 31 de diciembre de 2023.
El grupo Telefónica reclama al estado peruano 1.122 millones de euros por daños y perjuicios históricos, correspondientes a impuestos realizados en el país y provisiones fiscales de tributos pendientes de abonar.
El Ministerio de Economía recibió la solicitud de consultas e intención de arbitraje y ya corre el plazo de los seis meses para llegar a una conciliación.
completamente las decisiones tomadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de negar la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al proyecto “Don Diego” en el Golfo de Ulloa
Unas diez compañías internacionales estarían preparando demandas de arbitraje internacional contra Honduras tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) aprobada en 2013.
El próximo gobierno de Claudia Sheinbaum enfrentará 23 demandas de compañías trasnacionales, interpuestos principalmente por empresas estadounidenses, canadienses y europeas en paneles internacionales en los que exigen a México pagos por más de 13.600 millones de dólares por presuntas violaciones a los tratados de libre comercio y de inversión.
