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Las demandas de arbitraje contra los Estados por parte de los inversionistas son uno de los más importantes “súper derechos” que les confieren los TLC. Uno de sus usos más perversos de estos derechos es la posibilidad de ejercer presión contra los Estados, para que retrocedan en las medidas asumidas, amenazándolos con el inicio de un arbitraje.
Una muy mala noticia para Uruguay y el Convenio Marco de la OMS sobre Control del Tabaco.
26 de abril a las 19 hs. en el Café La Diaria, Soriano 770, Montevideo. Disertará la experta internacional Cecilia Olivet.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) acordó ayer lunes en Ecuador a creación de un nuevo mecanismo de coordinación regional para la defensa conjunta en procesos de arbitraje internacional, especialmente aquellos interpuestos por compañías transnacionales contra países latinoamericanos.
Hace unos dias, el CIADI dió a conocer el fallo emitido el pasado 12 de diciembre del 2012 en relación a la demanda interpuesta por la empresa minera canadiense Vanessa Ventures contra Venezuela en el año 2004. En su decisión, los tres árbitros del tribunal arbitral del CIADI desestiman la demanda por 1.045 millones de US$ presentada por la empresa canadiense contra Venezuela.
Estudian, además, denunciar al Estado de Honduras ante organismos supranacionales.
La minera canadiense Bear Creek Mining anunció que recurrirá al TLC entre el Perú y Canadá para defender la inversión y continuidad del proyecto minero Santa Ana.
“El tribunal determina que la disputa no se encuentra dentro de su jurisdicción y competencia de conformidad con el CAFTA.”, Resolución del tribunal del CIADI
La empresa Doe Run volvió a desafiar al Estado peruano. A través de su representante, el Grupo Renco, notificó al gobierno de su intención de iniciar arbitraje internacional amparándose en TLC entre este país y EEUU.
La empresa estadounidense Renco Group, Inc. y su filial Doe Run Perú SRL. han iniciado un proceso de arbitraje internacional contra el Estado peruano, basándose en el TLC impuesto por EE.UU. al gobierno de Perú.
