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Debido a su gran parecido, el CETA también es conocido como 'el TTIP canadiense', el 'Acuerdo Integral de Economía y Comercio' entre la UE y Canadá.
Tras tres años de negociaciones, a duras penas los españoles empiezan a ser conscientes de esta realidad donde se están poniendo en juego sus derechos y salvaguardas sociales
La reciente demanda contra Panamá registrada ante el CIADI por una empresa minera norteamericana constituye una nueva señal sobre la peligrosa deriva del arbitraje inversionista-Estado en América Latina.
En el día de hoy, el gobierno de Ecuador se había comprometido a pagar $180 millones de dólares a la multinacional petrolera Occidental.
Un documento al que ‘Público’ ha accedido en exclusiva prueba que el Ejecutivo en funciones trabaja para que el CETA pueda aplicarse a partir del 2017, aunque no ha obtenido ningún tipo de apoyo del parlamento, ni le ha pedido que se pronuncie al respecto.
En Colombia, dos empresas mineras de Estados Unidos y Canadá quieren imponer la minería de oro en un parque nacional en la región Amazónica.
Por cuenta de la globalización en el comercio, muchas cosas han cambiado en los trámites del país y buen número de entidades estatales no se ha percatado de ello.
Bruselas sostiene que su renovado sistema de tribunales privados en el tratado comercial con EEUU garantiza el “derecho a regular” de los estados y asegura que dará menos privilegios a las empresas, pero un estudio al que ‘Público’ ha accedido en primicia desmonta esta versión y analiza casos que podrían volver a darse con este mecanismo.
La nueva propuesta europea perpetuará los ataques de los inversores a la salud y el medio ambiente.
Por medio de documentos publicados recientemente por el gobierno colombiano se develó la intención de tres empresas mineras de demandar al país por un monto que podría alcanzar los 16.500 millones de dólares.
