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El pasado 7 de septiembre, el Senado de Argentina aprobó el proyecto de Ley de arbitraje comercial internacional, que incorpora contenidos de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi o Uncitral).
La tercera mayor operadora satelital del mundo inició un arbitraje comercial contra el Estado Mexicano, luego de años de reclamos por la obligación legal de reservar capacidad al gobierno para usos de seguridad nacional y servicios sociales sin costo alguno.
Un organismo dependiente de la ONU sitúa a España como el tercer país más demandando por multinacionales inversoras, con 36 casos conocidos. El dato llega la misma semana en la que se conocen las nuevas trabas de Bélgica al polémico acuerdo comercial con Canadá, que recurre a un mecanismo de arbitraje muy similar a los que estudia este órgano.
El tribunal internacional aceptó tener jurisdicción en la demanda que tratará el juicio que una aseguradora norteamericana le inició hace meses al gobierno nacional por la estatización del sistema previsional y ya terminó de constituirse el tribunal que tratará el caso.
La Corte del Distrito Sur de Nueva York falló a favor de la transnacional canadiense Crystallex International Corporation en la querella que sostiene con el gobierno venezolano, logrando que el tribunal aprobara el embargo de unos US$1202 millones.
A nueve años de la estatización de las AFJP, la gigante estadounidense Metlife y dos de sus subsidiarias argentinas (MetLife Servicios y MetLife Seguros de Retiro) presentaron una demanda contra el país ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, por las inversiones que la Argentina nacionalizó.
Hace una semana el organismo había resuelto un caso (Autopistas del Sol) pero se abrió uno nuevo por la nacionalización de las AFJP. La mayoría es por reestatizaciones y la salida de la convertibilidad. Sólo Maduro generó más litigiosidad.
Es preferible para México que no exista el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a permitir que sea eliminado el capítulo 19, referido a la solución de controversias, como demanda el gobierno de Estados Unidos, coincidieron investigadores y especialistas.
La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) informó que actuará para proteger sus activos en Estados Unidos, tras la solicitud de embargo que hizo la minera canadiense Crystallex ante una corte de ese país por una disputa que arrastran ambas empresas desde hace años.
El representante de Odebrecht en Perú, Mauricio Cruz, advirtió que la constructora recurrirá a un arbitraje internacional si se pospone la venta de sus acciones en el proyecto Gasoducto Sur Peruano que, en su opinión, debe concretarse en enero de 2018.
