Están pendientes los arbitrajes con South American Silver, Glencore, Jindal Steel Bolivia y AIR BP, procesos en los que la demanda asciende a $us 731,7 millones.
Actualmente, Venezuela tiene un total de 21 demandas sin resolver ante al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias (Ciadi) las cuales están referidas al uso de activos, instalaciones y marcas de empresas tomadas o expropiadas por el gobierno nacional.
Los inversionistas no confían en las condiciones que ofrecen las autoridades para hacer negocios en el país debido a que se irrespeta el derecho a la propiedad privada, dijo la investigadora Fanny Migliore
Tras la pérdida por parte de España de varias demandas de arbitraje de inversiones sobre las reformas normativas de las energías renovables, España quiere que el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) determine si la cláusula de arbitraje invocando el Tratado de la Carta de la Energía es inválida en virtud de la sentencia en el caso Achmea.
La aprobación de este acuerdo complementario al TLC firmado en 2016, preocupa a la sociedad civil ya que, al igual que la actualización del TLC con Canadá, considera la protección irrestricta de inversiones extranjeras.
Guatemala se expone a un nuevo arbitraje internacional con posibilidad de una demanda millonaria debido a la suspensión de operaciones del proyecto minero El Tambor, propiedad de Exmingua.
Ciadi desestimó la anulación de la sentencia que había solicitado Bolivia, por lo que tendrá que pagar la indemnización a Quiborax, firma ligada a la familia Fosk.
Tras los cinco arbitrajes ya resueltos, la balanza se decanta ya en contra de España, que tiene abiertos 40 litigios de este tipo con 7.500 millones en reclamaciones.
El fondo soberano Masdar, de Abu Dabi, reclamaba 394 millones por el perjuicio a sus inversiones. El laudo condenatorio se suma a los de Novenergia y Eiser Infraestructures.