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El Estado peruano realizó el pago de US$ 91 millones en cumplimiento del laudo arbitral del CIADI a favor del consorcio Kuntur Wasi. El desembolso se realizó por la resolución del contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero, cuya cancelación fue considerada injustificada por el tribunal internacional en 2024.
El Acuerdo habla de “protección recíproca”. El objetivo central es estimular el flujo de capital, no el bienestar social, ambiental o territorial. No se menciona a comunidades, pueblos indígenas, trabajadores ni naturaleza como sujetos de protección. El arbitraje inversionista-Estado es la arquitectura central del tratado, ignorando la función jurisdiccional del Estado. No incorpora referencias a tratados de derechos humanos. Tampoco condiciona la protección de inversiones al cumplimiento de estándares sociales o laborales.
El gobierno de Uruguay anunció que acordó con la firma Montecon una prórroga para seguir negociando frente a un arbitraje internacional. Esto comenzó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando concedió la terminal de contenedores del puerto de Montevideo por 80 años a otra empresa, Terminal Cuenca del Plata.
La demanda es por 600 millones de dólares y la empresa mayoritaria de Montecon, Neltume Ports, inició el reclamo en 2024, recurriendo al tratado de protección de inversiones entre Chile y Uruguay.
El caso de Wingtech invoca el Artículo 10 del tratado de inversión entre Países Bajos y China, que establece que los inversores de cada país deben ser tratados en igualdad de condiciones que los inversores nacionales y compensados en caso de intervención estatal.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú, ha iniciado los trámites para cumplir con el pago del laudo arbitral ordenado a favor de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., afiliada de Andino Investment Holding S.A.A. (AIH). El arbitraje se sustentó en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Perú y Argentina.
En una nota anterior abordamos el problema de la deuda “eterna”. Esta vez corresponde correr otro velo: el de un vaciamiento sistemático, disfrazado de legalidad internacional, que terminó costándole a la Argentina decenas de miles de millones de dólares. No se trata de un error técnico ni de una fatalidad histórica, sino de una construcción jurídica precisa, sostenida sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y el CIADI.
Un tribunal federal de Estados Unidos declaró al Estado peruano en situación de default debido al incumplimiento del pago de 91 millones de dólares, por la cancelación unilateral del contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco. El caso se basa en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Perú y Argentina de 1994.
La constructora española FCC mantiene una demanda contra Panamá ante el CIADI, basada en el Tratado Bilateral de Inversión con España. El reclamo, por unos $59 millones, se vincula a proyectos de infraestructura ya concluidos
Este informe presenta una sistematización y análisis de las estadísticas de las demandas arbitrales iniciadas por inversores extranjeros contra los Estados de América Latina y el Caribe (ALC) en el marco de tratados internacionales de protección de inversiones. Los datos relevados abarcan hasta el 15 de octubre de 2025. Además se ofrece un análisis de los impactos de estas demandas.
