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"Indudablemente creo que hemos abierto un debate mundial, no solo colombiano. Importante la carta de los 200 economistas más nombrados en cierta forma en el mundo, como Stiglitz, como Piketty, solicitándonos un cambio en las reglas del juego del arbitraje de inversión, un tema a entrar a estudiar ya, inmediatamente", destacó Petro.
Desde el Grupo de Trabajo abogamos por una revisión profunda de estos acuerdos, la terminación de los tratados de inversión y la salida del CIADI, como parte de un conjunto de medidas orientadas a demostrar una voluntad política firme para limitar el poder de las corporaciones extranjeras en Colombia.
Panama Ports Company (PPC) amplió sus reclamos en el arbitraje internacional contra de Panamá, un mes después de la cancelación de las concesiones de los terminales de Cristobal y Balboa, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema. La compañía señaló que ahora los daños han escalado más allá de los US$2 mil millones.
La empresa china alega que Panamá ha violado el Tratado Bilateral de Inversiones, lo que los llevó a activar los mecanismos de arbitraje internacional para proteger sus activos y la rentabilidad proyectada de sus operaciones.
Los sucesos de los últimos meses en Bolivia, Ecuador y Venezuela deben ser leídos como un intento por instalar un modelo de disciplina fiscal, contractual y social. Reflejan la vuelta a la «seguridad jurídica» que exigen los inversores en un contexto de consolidación de la matriz extractivista y cierre definitivo del ciclo de los industrialismos desarrollistas.
CK Hutchison ha presentado un suplemento a una notificación previa de disputa al amparo de un tratado bilateral de inversiones, alegando que el Estado panameño ignoró las consultas y comunicaciones previas antes de asumir el control de las terminales, los activos y el personal de la compañía.
La demanda, presentada en 2018, se fundamentó en el Tratado para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones suscrito entre Panamá y el Reino de España. Sacyr alegó que actuaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) durante la licitación y ejecución del Tercer Juego de Esclusas violaron el tratado y solicitó una indemnización por $2,362.7 millones.
Organizaciones sociales nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos y los derechos colectivos, presentaron el manifiesto titulado: “Pronunciamiento en Defensa de la Soberanía y los Derechos Colectivos en Honduras – Volver al CIADI es una señal de sumisión Nasry Asfura al capital transnacional”, un documento que rechaza de manera firme la decisión del nuevo gobierno hondureño de reincorporar al país al CIADI.
La denuncia se produjo en un contexto de demandas internacionales, entre ellas la interpuesta por inversionistas de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera, quienes reclamaron USD 10,775 millones tras la derogación, en abril de 2022, de las normativas que permitieron la instalación de ese régimen especial en el país.
El caso, patrocinado por Dechamps International Law, invoca el tratado bilateral de inversión suscrito entre Uruguay y España en 1992 y se vincula con la rescisión, en 2005, del contrato con el Consorcio Ruta 1 S.A. para la construcción, conservación y explotación del tramo de doble vía Montevideo–Libertad y la obra del puente sobre el río Santa Lucía.
