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Entre los puntos más críticos del TLC con Estados Unidos -mal negociado por el gobierno- están los desproporcionados beneficios a las inversiones extranjeras, lo que generará conflictos con los intereses nacionales y debilitará al Estado peruano, anulándole su capacidad para imponer una reforma tributaria, renegociar la explotación de nuestros recursos naturales, revisar irregulares privilegios, exigir comprar insumos locales o dar trabajo a peruanos.
El Gobierno de EEUU rechaza seguir negociando el tratado de libre comercio (TLC) que tiene pendiente con Ecuador hasta resolver el alcance de las medidas dictadas e ese país contra la empresa estadounidense Occidental Petroleum (Oxy).
Los Gobiernos de Guatemala y Colombia iniciaron hoy en la capital guatemalteca las negociaciones para un Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APRI) bilateral, previo a discutir un Tratado de Libre Comercio (TLC).
En el debate en torno al TLC, ha pasado desapercibido un tema crucial: la implicancia que este tipo de acuerdos tiene en las inversiones extranjeras. No se debe perder de vista que los TLC no sólo sirven para promover el intercambio de bienes y servicios; en todos los que se han firmado, las provisiones sobre las inversiones son muy importantes
El TLC no solamente rige el comercio. Terminará por regir el
ambiente y las políticas públicas sobre inversiones extranjeras.
Tomando como muestra el TLC de Estados Unidos-Centroamérica-República Dominicana (TLC EUCARD), este documento destaca tres ejemplos de sometimiento de la biodiversidad silvestre o domesticada a las exigencias del comercio.
Costa Rica enfrenta desde junio pasado una demanda de la minera canadiense
Vanessa Ventures Ltd, propietaria del archipolémico proyecto de explotación
de oro a cielo abierto en Las Crucitas, frontera norte, la cual se suma a
otro reclamo de inversionistas extranjeros de Ofinter S.A. -clausurada en el
2002- al amparo del acuerdo de inversiones suscrito en 1999 e incorporado al
tratado de libre comercio (TLC) con Canadá.
Las normas del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica (TLC o CAFTA, por sus siglas en inglés) han sido ampliamente criticadas por parte de activistas de deuda por promover un modelo de desarrollo que sin duda va a mantener, si no empeorar, los problemas de deuda de los países miembro en vías de desarrollo. A pesar de esto, las normas del TLC que rigen de manera directa el tratamiento de la deuda soberana han sido poco expuestas y han recibido relativamente poca atención.
Los Tratados bilaterales cumplen con el propósito de generalizar las reglas de trato a la inversión extranjera, que hagan posible la transferencia del valor generado en nuestras economías a favor del sector concentrado de la economía, donde el capitalismo contrarresta sus contradicciones en la etapa histórica de su culminación evolutiva, a expensas de la pobreza generalizada, la pérdida de las condiciones generales para el desarrollo y el deterioro irreversible del progreso de la humanidad.
El pasado 22 de febrero de 2005 el Poder Ejecutivo remitió a consideración del Poder Legislativo el texto del "Tratado sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones" entre Estados Unidos y Uruguay, que fue suscrito entre las partes el 25 de octubre de 2004 a solo seis días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Uruguay.
