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El Estado enfrenta 8 casos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y paga costos por la crisis de 2001, las expropiaciones, el congelamiento de tarifas y la estatización de las jubilaciones. Los detalles.
Este informe contiene una sistematización de estadísticas en base a un análisis de los casos inversor-Estado conocidos contra Perú hasta Diciembre de 2020. Perú cuenta con 27 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) vigentes.
Bufetes de abogados y empresas amenazan con demandar a Estados por medidas contra Covid-19
Para muchas personas afectadas por la extracción de recursos, los tratados de inversión pueden proteger emprendimientos que pueden cambiar drásticamente sus vidas con poco margen para expresar sus opiniones u obtener reparación.
Las obligaciones de los Estados en los TBI. ¿Qué implica «compensar» a las empresas cuando las regulaciones o políticas en favor del interés público y nacional afectan sus ganancias esperadas?
A pesar de su gran importancia práctica, es curioso que, hasta la fecha, no se le haya dado demasiada importancia a la cuestión de la indemnización (o “daños y perjuicios”) en virtud de los tratados de inversión.
El canciller Felipe Solá y el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quieren revisar los acuerdos de protección de inversiones que determinaron la solución de diferendos en tribunales extranjeros o en el Centro Internacional de Arbitrajes del Banco Mundial.
Asimismo, dentro de esta categoría, también debemos mencionar que el Estado dominicano ha ratificado tratados bilaterales de libre comercio como el DR-CAFTA, los cuales contienen disposiciones relativas a la protección de las inversiones y los mecanismos de resoluciones de controversias
Vodafone ha ganado un arbitraje de miles de millones de dólares (algunas fuentes lo cifran en cerca de 3.000 millones de dólares) a India ante un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje que ha declarado al país responsable de reclamaciones derivadas de un impuesto retroactivo a las transacciones.
El Gobierno ve en la limitación de los arbitrajes de inversión entre Estados miembros de la Unión Europea una posible vía para evitar en el futuro el pago de las indemnizaciones reclamadas por inversores europeos por el recorte a las energías renovables.
