Mapa de casos ISDS
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Más de 60 organizaciones del Estado español han firmado y enviado una carta a todas las diputadas y diputados pidiendo el voto contrario a este Acuerdo.
Por segundo año consecutivo, en plena pandemia del Covid-19, el Perú es el país más demandado en los tribunales internacionales por controversias con inversionistas, al amparo de acuerdos y tratados bilaterales firmados entre los gobiernos, así como de contratos comerciales.
El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) es un acuerdo internacional poco conocido pero muy controvertido: otorga a las empresas energéticas el poder de demandar a los gobiernos por sus políticas climáticas a través del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés).
Chile es el país de la región con la mayor cantidad de tratados internacionales que incluyen capítulos de protección de las inversiones extranjeras.
España y Colombia firmaron un nuevo TBI. Ambos países procuran modernizar el anterior tratado, el cual entró en vigor en 2005.
Entre 1995 y 2020 se han presentado 303 demandas en contra de países de América Latina y el Caribe, siendo la segunda región más demandada del mundo. Los inversionistas han obtenido resultados favorables en un 62,6% de los casos y las demandas les han costado a los gobiernos alrededor de 32.141 millones de dólares.
Además de la sustitución de la OEA, es urgente abordar dentro de la Celac el problema que es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), dado que países de América Latina y el Caribe son los más demandados en este organismo, por miles de millones de dólares por corporaciones trasnacionales a escala mundial, especialmente por industrias extractivas.
Pakistán, según se ha informado, resolvió terminar 23 de sus 48 tratados bilaterales de inversión cuyo plazo de duración inicial ha finalizado.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha publicado la carga de casos del ejercicio fiscal 2021 donde ha registrado 70 nuevos procedimientos y administró un total de 332 casos.
La solución de controversias inversor-Estado (ISDS) permite a los capitalistas extranjeros atropellar los derechos de los Ecuatorianos.
