Mapa de casos ISDS
TCE
Tratado sobre la Carta de Energía
La defensa de España argumentó que la controversia no se rige por un tratado internacional válido, necesario para que el tribunal de arbitraje tenga jurisdicción sobre un país soberano extranjero.
Ecologistas en Acción se ha manifestado frente al Congreso de los Diputados denunciando el «lavado verde» de los combustibles fósiles y el Tratado de la Carta de la Energía.
Un grupo de compañías alemanas y españolas ha presentado una demanda de arbitraje de inversiones contra España en relación con su inversión en compañías de generación de energías renovables.
A tres meses de que finalicen las negociaciones para modernizar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), se organiza un toxic tour por el centro de Madrid.
El informe recoge como el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) es un gran obstáculo para las medidas de mitigación climática.
El informe por Climate Change Counsel muestra que las cuestiones relativas al cambio climático y a la transición energética han estado ausentes de los laudos arbitrales en el marco del Tratado sobre la Carta de la Energía.
Un nuevo análisis del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) alerta de que los compromisos climáticos adoptados en Glasgow corren peligro para los países firmantes del TCE debido a su impacto en las inversiones fósiles.
La nueva taxonomía europea que cataloga la nuclear y el gas como energías verdes permite ver el enorme poder del lobby fósil, incluso cuando se trata de desarrollar políticas públicas determinantes para la supervivencia del planeta.
Los servicios jurídicos del Estado contratacan encargando un informe pericial sobre la rentabilidad de las plantas energéticas en las que invirtió el demandante junto a FCC.
El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) es un acuerdo internacional poco conocido pero muy controvertido: otorga a las empresas energéticas el poder de demandar a los gobiernos por sus políticas climáticas a través del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés).
