Marca | 25 de Abril, 2026
Fin al arbitraje internacional contra el España por el veto a la OPA de Talgo: el consorcio húngaro desiste de reclamar 100 millones por rechazar su oferta
El enfrentamiento legal entre el Estado español y el consorcio húngaro formado por Magyar Vagon y el fondo estatal Corvinus ha llegado a su fin en el plano arbitral. La alianza ha desistido del procedimiento que había iniciado en Estocolmo tras el veto a su oferta pública de adquisición sobre Talgo.
El caso se originó en 2024, después de que el Gobierno español rechazara la OPA (Oferta Pública de Adquisición) por motivos de seguridad nacional, en un contexto en el que la compañía ferroviaria era considerada estratégica.
Del arbitraje internacional al cierre del conflicto
El consorcio húngaro había reclamado inicialmente una compensación superior a los 100 millones de euros por los daños derivados del veto, que consideraban una actuación injustificada y discriminatoria. La demanda se presentó ante el tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo.
Según la documentación del procedimiento, los representantes legales de la alianza notificaron su renuncia a continuar con el caso, aunque dejaron abierta la posibilidad de emprender otras acciones legales sobre la misma base.
El conflicto giraba en torno a la aplicación del llamado “escudo antiOPAS”, un mecanismo legal activado durante la pandemia que permite al Estado bloquear inversiones extranjeras en empresas estratégicas. En este caso, el Ejecutivo consideró que la oferta sobre Talgo debía ser rechazada tras los informes de distintos ministerios.
El consorcio, liderado por el empresario András Tombor, defendía que la decisión vulneraba el Tratado sobre la Carta de la Energía y suponía una injerencia política en una operación empresarial ya considerada amistosa por el propio consejo de administración de Talgo.
El expediente incluyó también referencias a posibles vínculos del entorno inversor con el Gobierno de Hungría y con Rusia, algo que los demandantes negaron desde el inicio del proceso.
El desistimiento del arbitraje supone el cierre de una de las principales líneas de conflicto abiertas en torno a la opa fallida sobre Talgo, aunque el caso sigue parcialmente vivo en instancias judiciales en España.
Mientras tanto, el desenlace refuerza la posición del Estado en una operación que acabó reconfigurando el control del fabricante ferroviario, hoy en manos de un consorcio impulsado por actores industriales y financieros nacionales y autonómicos.
