Se inició como un acuerdo entre cuatro países del Pacífico: Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia y Singapur. El P4 (Pacífico 4), como fue conocido entonces, fue firmado el 3 de junio de 2005 y entró en vigor el 1 de enero de 2006 como el Acuerdo Estratégico Trans Pacífico de Asociación Económica.
En septiembre de 2008, el Representante Comercial de los Estados Unidos anunció que los Estados Unidos buscarían ingresar al acuerdo P4. Para Washington, el P4 ofrecía una plataforma favorable a la agenda neoliberal, para expandir en Asia los intereses económicos y estratégicos de los Estados Unidos. Unos pocos meses más tarde, los gobiernos de Australia, Perú y Vietnam anunciaron su intención de unirse también. Malasia, México y Canadá se unieron a las negociaciones en el año 2010, mientras que Japón se unió en el año 2013. Los Estados Unidos rápidamente asumieron el total liderazgo del proceso de negociación de la ahora llamada Asociación Transpacífica (TPP o TPPA por sus siglas en inglés).
El TPP fue firmado en Nueva Zelanda el 4 de febrero de 2016 pero el 23 de enero de 2017, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva mediante la cual Estados Unidos se retiraba formalmente del pacto de comercio. El 21 de mayo de 2017, en el margen del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en Vietnam, los miembros que permanecían, acordaron concluir las conversaciones respecto de un arreglo alternativo del pacto, sin Estados Unidos, hacia noviembre.
El 8 de marzo de 2018 los restantes 11 países firmaron el recién nombrado Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico.
A lo largo de los años, sindicatos, organizaciones sociales, activistas por una Internet libre, pueblos indígenas, ambientalistas, profesionales de la salud y diversas autoridades electas criticaron y protestaron en contra del tratado, porque fue diseñado para aumentar y concentrar el poder corporativo a expensas de los derechos de las personas.
Por ejemplo, concediéndole enormes poderes a las corporaciones e inversionistas, el CPTPP ayuda a deteriorar aún más las condiciones y los salarios de los trabajadores, que ya se han deteriorado producto de otros acuerdos comerciales y de inversión.
Entre otras cláusulas polémicas, los partícipes del CPTPP acordaron mejorar la cooperación en ciertas actividades relacionadas con la biotecnología agrícola. El tratado exige a los estados miembros ratificar la convención UPOV de 1991, una especie de patente para las semillas. Esto también servirá para ampliar el mercado de los organismos genéticamente modificados y los híbridos privatizados, y amenaza a las semillas y conocimientos tradicionales.
El capítulo del CPTPP sobre coherencia regulatoria obliga a los gobiernos signatarios a trabajar con las “personas interesadas” cuando intenten fortalecer las políticas públicas. Esto significa que las compañías provenientes de los países del CPTPP, tienen derecho a entregar propuestas a los responsables de las políticas en otros países miembros. Los gobiernos también tienen que llevar a cabo evaluaciones del impacto regulatorio y justificar la “necesidad de una regulación”, así como explorar “alternativas posibles” antes de proceder.
Finalmente, el agresivo capítulo sobre inversiones del TPP incrementa las atribuciones de las compañías transnacionales para impugnar las políticas públicas relacionadas con la salud, el ambiente (el tratado no menciona una sola vez el cambio climático) o el trabajo. Incluye el polémico mecanismo del arbitraje de disputas inversionistas-estado (ISDS) que permite a las corporaciones demandar a un estado si una nueva regulación afecta sus ganancias esperadas o a su potencial de inversión.
México ratificó el tratado el 28 de junio de 2018, seguido por Japón el 6 de julio, Singapur el 19 de julio, Nueva Zelanda el 25 de octubre, Canadá el 29 de octubre de 2018, Australia el 31 de octubre y Viet Nam el 15 de noviembre de 2018. El Tratado entró en vigor el 30 de diciembre de 2018 entre los miembros que lo han ratificado.
última actualización: julio de 2021
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