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En este sistema de arbitraje injusto, que es una cancha unilateral en donde solamente las empresas transnacionales pueden demandar a los Estados y no al revés, efectivamente el Estado no gana, simplemente no pierde. Guatemala está en un momento propicio en que puede revisar los compromisos que ha asumido en los tratados de inversión y decidir si le conviene mantenerse o no en este sistema ponderando los costos y beneficios.
Este informe presenta una sistematización y análisis de las estadísticas de las demandas arbitrales iniciadas por inversores extranjeros contra los Estados de América Latina y el Caribe (ALC) en el marco de tratados internacionales de protección de inversiones. Los datos relevados abarcan hasta el 15 de octubre de 2025. Además se ofrece un análisis de los impactos de estas demandas.
El 14 de noviembre de 2025 fue difundida la Declaración Conjunta sobre el Marco para el Acuerdo de Comercio Recíproco entre los EEUU y el Ecuador. Con excepción de los “asuntos de seguridad nacional”, los otros ámbitos coinciden con capítulos de los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Entre los primeros resultados, se declaró —entre las consignas del Congreso— la necesidad urgente de excluir los granos básicos de los tratados de libre comercio, para preservar la producción nacional frente a prácticas especulativas y desigualdades estructurales.
Mas allá de estas cifras inverosímiles, este caso demuestra como los arbitrajes internacionales devienen en instrumentos para desmantelar el sistema de Derechos Humanos que protegen a los pueblos. Resulta difícil entender que el estado ecuatoriano, mejor dicho, el gobierno de turno,
celebre su derrota.
El artículo 422 de la constitución ecuatoriana surge de la experiencia de Ecuador con el arbitraje internacional. El país enfrentó casos devastadores como los de Occidental Petroleum (donde Ecuador fue condenado a pagar US$1.770 millones) y Chevron, donde en 2018 un tribunal de arbitraje internacional anuló la sentencia de US$9.500 millones que tribunales ecuatorianos habían ordenado a Chevron pagar por contaminar la Amazonía durante décadas.
El documento analiza los resultados y efectos del Tratado de Libre Comercio entre Perú y la Unión Europea en su primera década, destacando tanto los logros comerciales como las deficiencias en estándares laborales y ambientales.
Las semillas transgénicas y los TLC que las acompañan junto a los plaguicidas y la contaminación, estuvieron presentes. En ese marco varias intervenciones propusieron promover que en la inminente renegociación del TLC de México con Estados Unidos, se parta con una propuesta que excluya de las cláusulas de propiedad intelectual contenidas en ese tratado, los granos y el UPOV 91.
Sabemos que en futbol se dan empates que se sienten y celebran como victorias. Parecido es el caso de la demanda interpuesta por Access Business Group (ABG, que agrupa a Amway-Nutrilite) contra México, en la cual el fallo del tribunal del CIADI del Banco Mundial fue a favor del defendido.
El gobierno anunció un acuerdo comercial con Estados Unidos negociado en secreto y sin participación social. Las organizaciones alertamos que implica una grave cesión de soberanía y pone en riesgo derechos, empleo y producción. Presentamos aquí nuestra declaración colectiva frente a este acuerdo.
