Mapa de casos ISDS
novedades de los movimientos
Los movimientos campesinos de Europa y América Latina, la Coordinadora Europea Vía Campesina, ECVC y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC -LVC, han celebrado una votación clave en el Parlamento Europeo el 21 de enero, que detiene temporalmente el proceso de ratificación del controvertido Acuerdo de Libre Comercio UE–Mercosur, al tiempo que advierten que el acuerdo aún podría avanzar prematuramente.
El 14 de enero de 2026, 52 campesinxs de la Confédération Paysanne fueron detenidxs tras ocupar pacíficamente la sede del Ministerio de Agricultura en París. La acción buscaba denunciar el abandono sistemático de la agricultura de pequeña escala, exigir la democratización de las políticas agrícolas francesas y alertar sobre las graves consecuencias del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.
Aunque las reglas comerciales existentes fueron moldeadas por las corporaciones estadounidenses, recientemente esto no ha sido suficiente para garantizar el dominio de Estados Unidos, por lo que Trump está recurriendo a la fuerza bruta.
Durante la presidenta Xiomara Castro en Honduras, se hicieron esfuerzos para revertir la creación, muy impopular, de ciudades modelo conocidas como las ZEDE, la profundización de la privatización en el sector energético y los contratos de infraestructura público-privados muy desfavorables para el interés público. En respuesta, Honduras se enfrentó a una avalancha de demandas por Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS), que ascienden a unos 10 000 millones de dólares.
El acuerdo UE-Mercosur consolida un patrón de intercambio desigual en donde la UE exportará bienes industriales y tecnología atrasada, mientras el Mercosur profundizará su rol como proveedor de materias primas agropecuarias y mineras. Esto es verdaderamente catastrófico porque significará el desmantelamiento del tejido industrial y la destrucción de miles de puestos de trabajo.
El acuerdo entre la UE y Marruecos favorece a grupos de presión y actores poderosos, margina a los agricultores europeos y al pueblo saharaui y no cumple el derecho internacional.
El Acuerdo habla de “protección recíproca”. El objetivo central es estimular el flujo de capital, no el bienestar social, ambiental o territorial. No se menciona a comunidades, pueblos indígenas, trabajadores ni naturaleza como sujetos de protección. El arbitraje inversionista-Estado es la arquitectura central del tratado, ignorando la función jurisdiccional del Estado. No incorpora referencias a tratados de derechos humanos. Tampoco condiciona la protección de inversiones al cumplimiento de estándares sociales o laborales.
Defensores del agua de la Resistencia Pacífica La Puya, al norte de la Ciudad de Guatemala, celebraron una victoria importante durante las fiestas de fin de año. El 23 de diciembre, un panel de arbitraje del CIADI del Banco Mundial falló en contra de la empresa con sede en Nevada, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), en una demanda de casi 500 millones de dólares en contra Guatemala.
La Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) condena enérgicamente la decisión de la mayoría de los Estados miembros de la UE de allanar el camino para el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, a pesar de la oposición generalizada de lxs agricultorxs de toda Europa y Sudamérica.
Una mayoría de Estados miembros de la UE han aprobado el acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur en medio del clamor de los pequeños productores. Ecologistas en Acción condena la negativa de la Comisión Europea y los gobiernos europeos a considerar la preocupación generalizada de la opinión pública por las repercusiones del acuerdo en la agricultura, la salud, los derechos laborales y el clima.
