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TiSA
Acuerdo sobre el Comercio de Servicios
La Marcha y el Paro han centrado las demandas en el retiro de las enmiendas constitucionales. No se trata de medidas aisladas, las enmiendas responden a una lógica de modernización funcional a las exigencias del capital global.
Justo una semana antes de la fecha límite para la presentación de ofertas nacionales de liberalización de servicios, el lunes 7 de septiembre el presidente uruguayo Tabaré Vázquez decidió abandonar las negociaciones plurilaterales cuasi-secretas para un Acuerdo sobre Comercio de Servicios.
Contra la opinión de dos de sus ministros más cercanos, Danilo Astori (Economía y Finanzas) y Rodolfo Nin Novoa (Relaciones Exteriores), el presidente Tabaré Vázquez anunció en el Consejo de Ministros que Uruguay se retirará de las negociaciones sobre el TISA.
El gobierno uruguayo anunció hoy que dejará de participar en las negociaciones del Tratado Internacional de Comercio de Servicios (TISA), cuestionadas por importantes sectores políticos y sindicales.
El Frente Amplio no atenderá las expresiones del canciller Rodolfo Nin Novoa a favor de la firma del TISA (acuerdo global de servicios) y el sábado 5 el Plenario Nacional de la coalición votará una declaración de rechazo al acuerdo pero aún no definió si habrá una sugerencia expresa al Poder Ejecutivo sobre lo que debe hacer.
Cada vez que le hablan del TISA, Luis Almagro se pone en guardia. Aunque ahora carga con los problemas de la OEA, el excanciller tiene un lío pendiente con el Pit-Cnt y un sector del Frente Amplio que lo acusa de haber metido al país en el TISA sin aviso previo.
En riesgo. Acuerdo TISA se viene negociando a espaldas de la sociedad civil desde hace dos años e impulsaría que colegios, universidades, hospitales pasen al sector privado.
Gracias a Wikileaks se han ido conociendo los documentos originales sobre los tres “Tratados” que conforman “La Trinidad” para el nuevo orden mundial neoliberal.
La discusión de las reglas de este acuerdo se enfocan –en la actualidad– al comercio de servicios que prestan ahora los gobiernos, según la red Internacional de Servicios Públicos (PSI), con sede en París.
Este convenio es un Tratado de Libre Comercio ultraneoliberal que tiene como objetivo de privatizar en todo sentido la mayoría de servicios públicos
