Mapa de casos ISDS
minería
Lupaka Gold podría intentar hacerse con ciertos activos estatales peruanos a menos que el país le pague el laudo arbitral. El presidente de Lupaka, Gordon Ellis, afirmó que se ha identificado a la petrolera nacional peruana, Petroperú, que tiene “enormes deudas y paga grandes cantidades de dinero por ellas regularmente”, como un posible objetivo.
Defensores del agua de la Resistencia Pacífica La Puya, al norte de la Ciudad de Guatemala, celebraron una victoria importante durante las fiestas de fin de año. El 23 de diciembre, un panel de arbitraje del CIADI del Banco Mundial falló en contra de la empresa con sede en Nevada, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), en una demanda de casi 500 millones de dólares en contra Guatemala.
La empresa argumentó que dicha falta de acción ocurrió pese a tratarse de una inversión extranjera protegida por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú. Tras varios años de procedimiento, el tribunal arbitral concluyó que el Estado peruano incumplió estándares internacionales clave.
En este sistema de arbitraje injusto, que es una cancha unilateral en donde solamente las empresas transnacionales pueden demandar a los Estados y no al revés, efectivamente el Estado no gana, simplemente no pierde. Guatemala está en un momento propicio en que puede revisar los compromisos que ha asumido en los tratados de inversión y decidir si le conviene mantenerse o no en este sistema ponderando los costos y beneficios.
La empresa minera Kappes, Cassidy & Associates (KCA), demandó a Guatemala por USD 499 millones ante un tribunal internacional, luego de que su proyecto minero El Tambor fuera suspendido por resoluciones judiciales tras la resistencia pacífica de comunidades organizadas en defensa de su territorio. El caso fue resuelto a favor del país, en un fallo que marca un precedente en materia de defensa territorial.
El Estado de Guatemala enfrenta tres arbitrajes internacionales y reclamos suman Q6 mil 400 millones
Los montos de los reclamos por tres arbitrajes internacionales presentados entre el 2018 y el 2021, aún activos contra el Estado de Guatemala ante el Ciadi, ascienden a US$843 millones (unos Q6 mil 448.95 millones, al cambio actual).
Proteger la Amazonía requerirá limitar la actividad económica destructiva, pero la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados implica que tales acciones conllevan el riesgo de costosas demandas. Este mecanismo otorga a los inversionistas extranjeros—tales como empresas petroleras y operando en la Amazonia—un derecho especial para demandar a los gobiernos en tribunales arbitrales.
Sabemos que en futbol se dan empates que se sienten y celebran como victorias. Parecido es el caso de la demanda interpuesta por Access Business Group (ABG, que agrupa a Amway-Nutrilite) contra México, en la cual el fallo del tribunal del CIADI del Banco Mundial fue a favor del defendido.
A la ecuación se suma el frente legal: Ganfeng Lithium, junto con Bacanora y Sonora Lithium, mantiene un arbitraje ante el CIADI (Banco Mundial), registrado como ICSID ARB/24/21, bajo el Tratado Bilateral de Inversiones China-México 2008 y de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte-México 2006.
Se terminaron seis años de laudo arbitral entre Colombia y Aris Mining, antes Gran Colombia Gold, ante el CIADI del Banco Mundial, motivado en las inversiones que hizo la empresa para las minas de Segovia (Antioquia) y Marmato (Caldas) en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá.
