Mapa de casos ISDS
México
El TLCAN cumple 30 años y desde que entró en vigor, el mundo inició una etapa inusitada de homoge-nización de los términos de referencia de sus relaciones internacionales, y la llamada democracia formal se erosionó aún más.
El TLC firmado en 2004 fue el primer acuerdo de ese tipo en celebrarse entre los países del T-MEC y el Mercosur, y permitió quintuplicar los intercambios entre ambas naciones.
Las autoridades de ambos países anunciaron “la exitosa conclusión de las negociaciones técnicas para la modernización de este tratado bilateral”.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, expresó su intención de llegar a un acuerdo con la compañía china Ganfeng Lithium y sus filiales para evitar el arbitraje de inversiones presentado la semana pasada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)
El caso presentado por Ganfeng International Trading y las británicas Bacanora Lithium y Sonora Lithium, fue registrado el viernes pasado en la página web del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La minera canadiense Silver Bull Resources exige 408 millones USD a México por daños y perjuicios en el arbitraje abierto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
La compañía canadiense Almaden Minerals ha anunciado que recurrirá a arbitraje contra México en virtud del Acuerdo de Asociación Transpacífico (CPTPP). La minera, junto a Almadex Minerals, reclamará 200 millones USD.
En 2024, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cumple 30 años. Es una ocasión importante para preguntarse: ¿Por qué este tratado en particular ha tenido un rol de parteaguas en la historia del régimen global de comercio e inversiones?
Aunque el gobierno mexicano daba por descartado que Estados Unidos continuara con las disputas sobre energía en el marco del T-MEC, Katherine Tai, Representante Comercial del país vecino del norte insistió que el tema debe avanzar.
México ha perdido 11 casos y ha sido obligado a pagar 296 mdd; cifra mayor al presupuesto total que México prevé en 2024 para la búsqueda de personas desaparecidas, la fiscalía de desaparición forzada y la investigación del delito de tortura.
