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propiedad intelectual
La presión ejercida por los movimientos sociales en contra de la polémica Ley de Protección de Obtenciones Vegetales viene generando efectos positivos. Después que el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) presentó una acción de inconstitucionalidad general total contra la norma, la Corte de Constitucionalidad suspendió la llamada "Ley Monsanto”, que iba a entrar en vigencia el próximo 26 de septiembre.
De manera silenciosa y sin ser propuesta a debate público se aprobó el pasado mes de junio en la República de Guatemala la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, también conocida como la ‘Ley Monsanto’ o ‘Ley de Semillas’.
Organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos cuestionan normativa que beneficiaría a la multinacional.
Ese engendro de Ley determina la exclusividad de derechos de propiedad intelectual de semillas a empresas que las hayan patentado como propias. Después de que Guatemala suscribiera el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos debía establecer un sistema de protección de productores de variedades vegetales como un derecho de propiedad intelectual.
El biólogo colombiano Diego Gómez podría ir a la cárcel por publicar una tesis ajena en internet. Para el hoy acusado de violación de derechos de autor, internet le ayudó a suplir las carencias de la biblioteca de su universidad y como retribución compartía documentos útiles en la plataforma Scribd.
El polémico Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) entró en la mira del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF).
El “acuerdo de libre comercio” ha ido mucho más allá de las condiciones de importación y exportación de mercancías, y ha penetrado profundamente en la estructura de la economía doméstica, en especial en la forma en que se permite o no que las empresas locales se beneficien de las políticas gubernamentales, y cómo el gobierno dirige su negocio.
Aunque Colombia y Japón no han acordado abrir un capítulo de propiedad intelectual en las negociaciones actuales sobre un tratado de libre comercio (TLC o Acuerdo de Asociación Económica), el tema está en el ambiente.
La legislación actual que México tiene en materia de propiedad intelectual e industrial deberá modificarse en caso de que no se ajuste a los compromisos que el gobierno federal adquiera en los nuevos tratados comerciales que negocia, particularmente el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), aseguró Miguel Ángel Margáin González, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Justo cuando se cumple un año de la paralización de la polémica ley “SOPA” en Estados Unidos, vuelve a tomar impulso el Tratado de Libre Comercio Transpacífico (TPP) que impone nuevas restricciones a la Red en nombre de la protección de los derechos de autor, y del cual -todo apunta- Chile quiere será parte, pese a que no le deja ningún beneficio económico.
