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El artículo 422 de la constitución ecuatoriana surge de la experiencia de Ecuador con el arbitraje internacional. El país enfrentó casos devastadores como los de Occidental Petroleum (donde Ecuador fue condenado a pagar US$1.770 millones) y Chevron, donde en 2018 un tribunal de arbitraje internacional anuló la sentencia de US$9.500 millones que tribunales ecuatorianos habían ordenado a Chevron pagar por contaminar la Amazonía durante décadas.
Sabemos que en futbol se dan empates que se sienten y celebran como victorias. Parecido es el caso de la demanda interpuesta por Access Business Group (ABG, que agrupa a Amway-Nutrilite) contra México, en la cual el fallo del tribunal del CIADI del Banco Mundial fue a favor del defendido.
El pasado 21 de noviembre, la británica Bupa -controladora de isapre Cruz Blanca- decidió abrir una disputa legal en contra del Estado de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), bajo el tratado comercial con Reino Unido.
En medio de denuncias de fraude por parte de residentes de Castaños de Choloma, en Honduras, los inversionistas involucrados en la construcción de la residencial inundada tras el paso de las tormentas Eta y Iota, juan Carlos y Ernesto Argüello, demandan al Estado de Honduras ante el CIADI por 100 millones de dólares, más dos millones de dólares en "daños morales", bajo el CAFTA-DR.
México obtuvo un triunfo en el arbitraje internacional iniciado por la firma estadounidense Access Business Group ante el CIADI. La empresa había presentado en 2023 una demanda bajo el marco del viejo TLCAN y del T-MEC, reclamando más de 2,700 millones de dólares por la supuesta expropiación de 280 hectáreas de terrenos de cultivos en Jalisco.
A la ecuación se suma el frente legal: Ganfeng Lithium, junto con Bacanora y Sonora Lithium, mantiene un arbitraje ante el CIADI (Banco Mundial), registrado como ICSID ARB/24/21, bajo el Tratado Bilateral de Inversiones China-México 2008 y de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte-México 2006.
Se terminaron seis años de laudo arbitral entre Colombia y Aris Mining, antes Gran Colombia Gold, ante el CIADI del Banco Mundial, motivado en las inversiones que hizo la empresa para las minas de Segovia (Antioquia) y Marmato (Caldas) en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá.
En su última conversación con el secretario de Estado Marco Rubio, el canciller Juan Ramón De la Fuente entendió que la resolución del CIADI sería inminente y marcaría un precedente incomodo para el Gobierno de cara a la renegociación del T-MEC.
El ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional traslados de partidas por $4.7 millones, destinados al pago de honorarios a las firmas internacionales que representaron al Estado panameño en el arbitraje iniciado por Minera Panamá, cuya demanda asciende a $2,000 millones.
Perú mantiene un total de veintidós litigios arbitrales vigentes ante el CIADI, con un monto en disputa que podría llegar a los USD 10.000 millones, equivalente al 3,9% del Producto Bruto Interno nacional. Una deuda que tendría que ser asumida por todos los peruanos.
