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El presidente Gustavo Petro Urrego anunció este miércoles que Colombia va a salir del sistema de arbitraje internacional de inversión, porque los tribunales terminan resolviendo las disputas a favor de los privados.
La demanda será presentada ante el CIADI, organismo del Banco Mundial especializado en resolver disputas entre Estados y empresas extranjeras. La base jurídica del reclamo se sustenta en acuerdos internacionales vigentes, como el tratado CAFTA-DR y el acuerdo bilateral de inversiones entre el Reino Unido y Nicaragua.
Panama Ports Company (PPC) amplió sus reclamos en el arbitraje internacional contra de Panamá, un mes después de la cancelación de las concesiones de los terminales de Cristobal y Balboa, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema. La compañía señaló que ahora los daños han escalado más allá de los US$2 mil millones.
Lo que inició como una disputa por concesiones portuarias ha derivado en una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde la cifra de compensación exigida ha sido actualizada, superando ahora los 2,500 millones de dólares.
El arbitraje de inversiones tiene una característica clave. Está diseñado para beneficiar a una sola parte. Solo los inversionistas pueden demandar a los Estados, no al revés. Además, los casos son resueltos por paneles de tres árbitros, generalmente abogados especializados en inversión, que operan en procesos muchas veces confidenciales.
México llega esta primavera a las rondas formales de revisión del TMEC con un tema crucial sobre la mesa: los mecanismos de solución de controversias que permiten a empresas transnacionales demandar a los Estados en centros de arbitraje internacionales, usualmente por políticas públicas que consideran lesivas a sus intereses.
Le dirigimos esta carta a usted en calidad de economistas y académicos del derecho profundamente preocupados porque el sistema de arbitraje de inversión constituye un serio obstáculo para la construcción de sociedades prósperas, equitativas y sostenibles.
La empresa Sinolam International ha presentado una solicitud de arbitraje ante el Ciadi contra Panamá, tras la cancelación de su licencia para un proyecto de generación de energía a gas. El arbitraje se basa en el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Singapur.
La empresa china alega que Panamá ha violado el Tratado Bilateral de Inversiones, lo que los llevó a activar los mecanismos de arbitraje internacional para proteger sus activos y la rentabilidad proyectada de sus operaciones.
La firma canadiense inició en octubre del año pasado un proceso de arbitraje contra el Estado al amparo del tratado de libre comercio suscrito entre Perú y Canadá. Brookfield estima el valor de sus activos en 2.700 millones de dólares (2.329 millones de euros), misma cifra que reclamará como compensación.
