Mapa de casos ISDS
CIADI
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Banco Mundial)
El Estado peruano realizó el pago de US$ 91 millones en cumplimiento del laudo arbitral del CIADI a favor del consorcio Kuntur Wasi. El desembolso se realizó por la resolución del contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero, cuya cancelación fue considerada injustificada por el tribunal internacional en 2024.
El gobierno de Uruguay anunció que acordó con la firma Montecon una prórroga para seguir negociando frente a un arbitraje internacional. Esto comenzó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando concedió la terminal de contenedores del puerto de Montevideo por 80 años a otra empresa, Terminal Cuenca del Plata.
La demanda es por 600 millones de dólares y la empresa mayoritaria de Montecon, Neltume Ports, inició el reclamo en 2024, recurriendo al tratado de protección de inversiones entre Chile y Uruguay.
La empresa minera Kappes, Cassidy & Associates (KCA), demandó a Guatemala por USD 499 millones ante un tribunal internacional, luego de que su proyecto minero El Tambor fuera suspendido por resoluciones judiciales tras la resistencia pacífica de comunidades organizadas en defensa de su territorio. El caso fue resuelto a favor del país, en un fallo que marca un precedente en materia de defensa territorial.
En este sistema de arbitraje injusto, que es una cancha unilateral en donde solamente las empresas transnacionales pueden demandar a los Estados y no al revés, efectivamente el Estado no gana, simplemente no pierde. Guatemala está en un momento propicio en que puede revisar los compromisos que ha asumido en los tratados de inversión y decidir si le conviene mantenerse o no en este sistema ponderando los costos y beneficios.
En una nota anterior abordamos el problema de la deuda “eterna”. Esta vez corresponde correr otro velo: el de un vaciamiento sistemático, disfrazado de legalidad internacional, que terminó costándole a la Argentina decenas de miles de millones de dólares. No se trata de un error técnico ni de una fatalidad histórica, sino de una construcción jurídica precisa, sostenida sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y el CIADI.
Un tribunal federal de Estados Unidos declaró al Estado peruano en situación de default debido al incumplimiento del pago de 91 millones de dólares, por la cancelación unilateral del contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco. El caso se basa en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Perú y Argentina de 1994.
El Tribunal de Columbia rechaza las defensas del Gobierno y confirma dos laudos del Ciadi que elevan la deuda total a 1.870 millones, por los casos RREEF y Antin que demandaron a España en el CIADI, alegando la violación del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE).
A raíz de la cancelación unilateral de un contrato en julio de 2017, la compañía Kuntur Wasi demandó al Estado peruano ante CIADI, bajo el Tratado Bilateral de Inversiones Argentina-Perú del año 1994.
Entre el 14 y 17 de Julio, en la ciudad de Choluteca (Honduras), más de 60 personas provenientes de 20 comunidades locales y representantes de organizaciones sociales nacionales e internacionales, se reunieron en el “Encuentro de comunidades afectadas por proyectos energéticos del sur de Honduras - Sin derechos humanos, no hay soberanía energética”. El objetivo fue visibilizar los impactos devastadores que muchos proyectos de “energía renovable” (principalmente fotovoltaicos), están generando en las comunidades locales. Al mismo tiempo, los y las participantes analizaron el asedio que el país enfrenta en tribunales internacionales, a causa de las demandas de arbitraje internacional que muchas empresas transnacionales dueñas de estos proyectos energéticos, han interpuesto en contra de Honduras.
