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Un estudio observa cómo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la competencia comercial con México provocaron una muerte más temprana de los trabajadores de las fábricas de EE. UU. Las conclusiones se producen en un momento en que el gobierno de Trump se prepara para una nueva lucha en torno al TLCAN.
El pasado 21 de noviembre, la británica Bupa -controladora de isapre Cruz Blanca- decidió abrir una disputa legal en contra del Estado de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), bajo el tratado comercial con Reino Unido.
Las compañías españolas del sector salud, Centauro Capital SLU y Natanor XXI propietarias del Grupo Keralty, han demandado a Colombia a través de arbitraje de inversiones a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
El balance de los primeros 12 años del TLC con Estados Unidos no es bueno. Varios sectores se han visto afectados, entre ellos el de salud. Las medidas que propone el actual Gobierno no garantizan la mitigación de estas problemáticas.
El conflicto con las isapres -aseguradoras de salud privadas- se agudiza en Chile que ya ha sido notificado por dos aseguradoras, una británica y otra estadounidense, de la intención de acudir a arbitraje de inversiones denunciando desprotección, incertidumbre o inviabilidad financiera.
A pesar de la férrea oposición de los empresarios nacionales a lo definido en el TLC y de las salvedades y constancias que se dejaron durante las negociaciones y luego de la firma del Tratado, hoy es evidente que las multinacionales lograron golpear duramente la producción nacional de genéricos.
El TLCAN transformó regiones enteras de México en corredores urbano-industriales de libre superexplotación laboral y extracción ilimitada de recursos naturales
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Chile y las concesionarias francesas ADP International y Vinci Airports de las obras de renovación, expansión y operación del aeropuerto de Santiago “Nuevo Pudahuel” han llegado a un acuerdo de pago para finalizar una de las controversias principales que mantienen por retraso en el proyecto.
"Una serie de acciones y omisiones han dañado, y continúan dañando, la inversión de UHG y el valor de Banmédica, lo que constituye una violación a sus obligaciones bajo el acuerdo suscrito entre Gran Bretaña y Chile", señalaron.
En una carta enviada a La Moneda, se advirtie que el fallo de la Suprema que ordenó a las isapres aplicar la nueva tabla de factores y restituir cobros extra "podría afectar de manera irremediable la atención y acceso a la salud de millones de beneficiarios".
