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petróleo, gas, agrocombustibles
La compañía panameña de energías renovables Inversiones y Desarrollos Energéticos ha presentado una demanda de arbitraje de inversiones contra Honduras.
El próximo lunes 28 y martes 29 de agosto se realizará, en el Campus UNSAM, la conferencia “La gobernanza global de la transición energética: Territorios, políticas y narrativas en disputa”, organizada por la EPyG en conjunto con TNI, FARN, GYBC, FES, OPSur y CLACSO. La participación es abierta a la comunidad, con inscripción previa online y gratuita.
El capítulo 8 de Energía y Materias Primas del TLC del país con la UE, en síntesis presenta un claro beneficio para la Unión Europea en el acceso al mercado energético y de materias primas, asegurando precios y disponibilidad de los recursos, sin que se logren apreciar beneficios para Chile.
Traducción extraoficial automática, revisada por Chile Mejor sin TLC en julio 2023 con fines de transparencia ciudadana, dado que el gobierno chileno no ha publicado el texto en español. (Los subrayados son nuestros).
Un tribunal alemán ha declarado que los países miembros de la Unión Europea pueden eludir el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) presentado al amparo del Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
Sus pleitos se suman al de Toyota, que ya salió vencedor pero sigue sin cobrar, y al de JGC, otra histórica compañía cotizada.
La Corte Suprema de Suecia ha ratificado la anulación del laudo de 53,3 millones de euros contra España y que favorecía a la compañía de energías renovables Novenergia II – Energy & Environment (SCA).
Queremos pedirles que apoyen la propuesta de la Comisión Europea para iniciar una salida coordinada de la Unión Europea (UE) y de todos sus Estados miembro del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), y que acojan un debate sobre el TCE entre los Ministros de Energía en el seno de dicho encuentro.
La UE no ha alcanzado acuerdo para reformar dicho Tratado y por tanto se anunciará esta semana su salida completa.
La Corte de la Haya reconoce al grupo estatal galo una indemnización de 29,6 millones, frente a los 53,2 millones que reclamaba; es un 55% de lo que pedía, entre las proporciones más elevadas hasta ahora.
