Mapa de casos ISDS
energía
petróleo, gas, agrocombustibles
El Estado español se enfrenta a 35 demandas por el recorte a las renovables de los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Según un nuevo informe, las indemnizaciones podrían sumar otros 6.500 millones a los 400 a los que ya ha sido condenado a pagar el Estado español.
En esta segunda parte abordamos los problemas de los tratados de inversión y los ISDS, ofreciendo varios ejemplos de su presencia en la Unión Europea, incluyendo la delicada situación de España, que se sitúa entre los países más demandados de nuestro entorno.
De los 44 arbitrajes registrados, 17 encaran su fase final este año. El Ciadi acaba de dar la razón a Demeter y Cube, en un octavo laudo
Una filial panameña de la italiana Enel Green Power, Enel Fortuna ha presentado una demanda de arbitraje de inversiones contra Panamá ante el Ciadi.
En Febrero de 2011 la Justicia ecuatoriana emitió un histórico fallo sentenciando a la Corporación petrolera Chevron a pagar 9,500 millones de dólares por contaminar la Amazonía Ecuatoriana. Sin embargo, Chevron recurrió al sistema de arbitraje de diferencias Inversor-Estado y demandó al Ecuador.
España acumula otras cuatro demandas ante el Ciadi en 2018, año en que solo Colombia registró más. Los recortes a las renovables han tumbado la seguridad jurídica y la reputación españolas.
El pasado 15 de enero, los Estados miembros de la UE emitieron una declaración en la que se comprometen a rescindir los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) entre ellos como consecuencia jurídica del caso Achmea.
El 28 de diciembre de 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) registró las que han sido las dos últimas demandas de arbitraje de inversiones recibidas por su Secretaría, Venezuela por un conflicto ante una papelera y Perú por un proyecto de energías renovables
El portal Jus Mundi ha publicado el laudo final del arbitraje entre Foresight Luxembourg Solar 1 SARL y España, que dio la razón a los inversores y que hace apenas unas semanas era noticia por el comunicado de la compañía danesa Athena Investments, antes Greentech, sobre su porción del laudo.
El Estado respondió así a la indemnización de 1.626 millones de pesos que exigió la multinacional española por la intervención de la empresa de servicios públicos.
