Mapa de casos ISDS
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Mas allá de estas cifras inverosímiles, este caso demuestra como los arbitrajes internacionales devienen en instrumentos para desmantelar el sistema de Derechos Humanos que protegen a los pueblos. Resulta difícil entender que el estado ecuatoriano, mejor dicho, el gobierno de turno,
celebre su derrota.
El Estado de Guatemala enfrenta tres arbitrajes internacionales y reclamos suman Q6 mil 400 millones
Los montos de los reclamos por tres arbitrajes internacionales presentados entre el 2018 y el 2021, aún activos contra el Estado de Guatemala ante el Ciadi, ascienden a US$843 millones (unos Q6 mil 448.95 millones, al cambio actual).
Proteger la Amazonía requerirá limitar la actividad económica destructiva, pero la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados implica que tales acciones conllevan el riesgo de costosas demandas. Este mecanismo otorga a los inversionistas extranjeros—tales como empresas petroleras y operando en la Amazonia—un derecho especial para demandar a los gobiernos en tribunales arbitrales.
El arbitraje, presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) bajo el Tratado Bilateral de Inversión Reino Unido-Túnez, involucra reclamaciones de las filiales británicas de Zenith contra Túnez.
El Congreso de Estados Unidos elevó la presión sobre México por su política energética al presentar una iniciativa bipartidista que busca obligar al gobierno de Donald Trump a exigir el cumplimiento del T-MEC frente a lo que consideran prácticas discriminatorias que favorecen a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La Procuraduría General de la República (PGR) anunció el retiro de dos demandas internacionales interpuestas contra el Estado hondureño por las empresas Scatec ASA y Norfund and KLP Norfund Investments AS, ante el CIADI.
El procedimiento se inició en 2013 cuando los inversores presentaron su demanda ante el CIADI al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, denunciando que las reformas aplicadas por España entre 2012 y 2014 vulneraban el principio de trato justo y equitativo y las expectativas legítimas de los inversores.
La demanda de AES Corporation iniciada en el CIADI en 2002, bajo el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) firmado entre la Argentina y EEUU en 1991, fue por la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá.
El Tribunal de Distrito de Columbia confirma la validez de un laudo del CIADI en el caso Cube Infraestructure, que reclama 40 millones, en una demanda bajo el Tratado de la Carta de Energía.
Un tribunal de Columbia (EE.UU.) ha dictado una nueva sentencia contra España por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables, esta vez a favor de Infrared, brazo inversor del banco HSBC, al que España tendría que pagar en torno a 35 millones de euros.
