Mapa de casos ISDS
Ecuador
Una manera rápida de aniquilar el sector agropecuario en Latinoamérica es firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC). Casos como el colombiano, peruano o mexicano lo demuestran pero eso no lo dirán los políticos, empresarios y medios privados.
Ecuador pagará una indeminzación de USD 337 millones a la petrolera estadounidense Burlington, cuyo contrato fue dado por terminado en 2010, para zanjar un litigio de casi una década, informó este lunes la Procuraduría General ecuatoriana.
El 45% de las demandas que llegan al Centro y son decididas en sus tribunales se inclinan hacia las pretensiones de las transnacionales, según la Caitisa.
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Tras la presentación de los informes de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales con respecto a los pedidos de suspensión de 12 tratados bilaterales de inversión, la Asamblea Nacional, en Pleno, se acogió a esta petición.
El informe se publicará cinco días después de que la Asamblea Nacional de Ecuador recomendó al gobierno que pusiera fin a 12 Tratados Bilaterales de Inversión.
El presidente Rafael Correa aseveró que la firma de un Tratado de Libre Comercio con EE.UU. llevaría a Ecuador al pasado ya que los beneficiados serían los grandes productores y empresas.
Al llevar a cabo su actividad, Chevron/Texaco realizó una serie de operaciones, vinculadas a una reducción de costes en la explotación, que provocó derrames de crudo de enormes magnitudes, que causaron la destrucción de más de 450.000 hectáreas de bosque tropical amazónico y dejó 30.000 víctimas.
La Secretaría General del CIADI notificó el registro de la solicitud de anulación presentada por el Estado ecuatoriano en contra de los laudos arbitrales final y por contrademandas emitidos el 7 de febrero de 2017 dentro del caso planteado por la petrolera norteamericana Burlington.
Un tribunal arbitral del Banco Mundial ordenó a Ecuador pagar unos 380 millones de dólares a la petrolera estadounidense Burlington Resources Inc. como compensación en una demanda por el reparto de ganancias extraordinarias, dijo el miércoles la Procuraduría del país.
Diego García, procurador General del Estado, afirmó que la resolución en el caso OXY no afectaría las causas en las que está involucrado Ecuador y que todavía no tiene una decisión final. "La decisión es independiente, no genera un precedente obligatorio", sostuvo.
