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El Tratado de Libre Comercio que Bruselas y Washington negocian con sigilo sigue su avance aparentemente inexorable, impulsado por las fuerzas conservadoras, liberales y socialistas que dominan la Eurocámara, pero también por el enorme interés de las multinacionales a ambos lados del Atlántico de acabar con las barreras normativas y las de por sí escasas barreras arancelarias para el comercio entre EEUU y la UE.
La Unión Europea (UE) y Estados Unidos entraron hoy en la sexta ronda de negociaciones para un tratado transatlántico de comercio e inversiones (TTIP) con la ambición de avanzar en áreas como permitir al capital transnacional a participar en los procesos legislativos en la UE y en los EEUU y tras cerrarse una consulta pública sobre el instrumento de solución de controversias inversor-Estado.
La reducción o eliminación de barreras regulatorias es el núcleo duro de las negociaciones y donde se ponen en juego los derechos de la ciudadanía. La regulación actual incluye trámites burocráticos y establece normas ambientales, laborales y de seguridad que generan costes y retrasos a las multinacionales. Según la Comisión Europea, éstas “constituyen el mayor obstáculo” para el incremento del comercio entre los dos bloques.
El portavoz parlamentario de La Izquierda Plural, José Luis Centella, advierte de que la documentación conocida recientemente “confirma nuestras sospechas, ya expresadas incluso en sede parlamentaria, de que estamos ante una operación para convertir especialmente a los Estados del sur de la Unión Europea en presa fácil de los negocios previstos por las grandes corporaciones norteamericanas”
El TLC les ofrece amparo a los megaproyectos. Por ejemplo, a las concesiones para los grandes proyectos de extracción de oro. Se ha hecho entrega de títulos de extracción minera a transnacionales para que operen en el Chocó, la Orinoquía, el Sur de Bolívar o el nordeste antioqueño, entre otros departamentos.
El Tratado de Libre Comercio (TTIP) que la UE y EEUU negocian con secretismo permitirá a las empresas demandar a los estados por cifras millonarias ante tribunales arbitrales privados, pero no ante la Justicia de estas naciones
La decisión de la Comisión Europea de llevar a Consulta la inclusión del mecanismo de Solución de Controversias Inversionista-Estado en el capítulo de Inversión del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), es claramente el resultado de la creciente preocupación y presión de las organizaciones sociales europeas y de la ciudadanía en general.
Las tres organizaciones preparan una charla para explicar las consecuencias del tratado. Afirman que sólo beneficiará a las grandes empresas transnacionales.
Si nadie lo remedia durante el proceso de negociación o en el momento de aprobarlo, cuando el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés) entre en funcionamiento, dispondrá de una instancia de arbitraje similar a la que tiene el TBI y el resto de acuerdos bi o multilaterales de comercio, que permitirá a las empresas dirimir sus diferencias directamente con los Estados donde inviertan, si estiman que no han recibido un 'trato justo y equitativo', como suele estipularse en la mayoría de ellos.
Nuevos documentos muestran el creciente peso de los grupos de presión en las negociaciones, que gobiernos y empresas mantienen discretamente. "Tienen mucha prisa para negociar este tratado; saben que cuanto más se sepa sobre el TTIP, más rechazo va a provocar", denuncia Ecologistas en Acción.
