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intereses corporativos
Una oportunidad para los grupos y movimientos que combaten el extractivismo y trabajan por la justicia social, que atacan la arquitectura de los Acuerdos de Libre Comercio e Inversiones, que desafían, a cada paso, el poder de las transnacionales, que luchan por la justicia climática, de reunirse para consolidar e impulsar la coordinación de acciones.
Juan Hernández Zubizarreta y José Ramón Mariño no tienen dudas de que esa “sopa de letras” que conforman los diferentes acuerdos de libre comercio e inversiones TTIP, CETA, TISA, etc ‘van en contra de la mayoría de la población y solo benefician al negocio de las grandes compañías’
La Campaña Estatal contra el acuerdo comercial secreto filtra un nuevo documento en exclusiva que prueba que Bruselas ofrece a Washington acabar con todas las restricciones a la exportación de combustibles fósiles, lo que podría incrementar su uso y acelerar el cambio climático.
Se tratarían de tratados impuestos continente a continente ante el fracaso o la insuficiencia de los tratados más globales.
Las corporaciones transnacionales están causando estragos en los sistemas financieros, económicos sociales y ecológicos mediante una parsimoniosa colonización de la vida pública en la que apenas 147 organizaciones controlan ahora el 40 por ciento del comercio mundial.
De aprobarse los tratados de libre comercio TTIP, CETA y TISA estas demandas se podrían multiplicar y dar un mayor poder a las multinacionales.
Con el fin de incidir en la campaña electoral y a una semana del Consejo Europeo que afrontará la polémica negociación del TTIP, se presenta el informe 'Justicia privatizada. El Estado español y los mecanismos de resolución de controversias inversor-Estado'
El Acuerdo Transpacífico o TPP representa un sofisticado instrumento jurídico orientado a maximizar los beneficios de empresas transnacionales que operen en los países adheridos a él.
El acuerdo de comercio e inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) y su versión canadiense (CETA) está despertando una controversia creciente que confronta tanto a los movimientos sociales con las instituciones estatales y europeas como a las propias instituciones europeas entre sí y con los Estados miembros.
Un elemento clave es el capítulo sobre protección de inversiones que otorga a grandes empresas de Mexico y de la UE el derecho exclusivo de desafiar las decisiones democráticas de los Estados, aun cuando estas buscan proteger el interés publico
