Mapa de casos ISDS
intereses corporativos
Junker pidió a los Estados miembros su autorización para empezar a negociar nuevos acuerdos comerciales con diversos países, citando a Australia y Nueva Zelanda, además de seguir negociando con aquellos cuyos procesos están abiertos.
El 21 de septiembre se aplicará de manera provisional el acuerdo de comercio e inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA), un regalo a las élites económicas y financieras que se ha chocado con movilizaciones y una oposición política sin precedentes en este tema político.
Este jueves entró en vigor el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), que supone la apertura de puertas a un nuevo modelo político en el que las corporaciones alcanzan cotas de poder que pueden llegar a anular a los Estados.
Un organismo dependiente de la ONU sitúa a España como el tercer país más demandando por multinacionales inversoras, con 36 casos conocidos. El dato llega la misma semana en la que se conocen las nuevas trabas de Bélgica al polémico acuerdo comercial con Canadá, que recurre a un mecanismo de arbitraje muy similar a los que estudia este órgano.
Los grupos de presión europeos y estadounidenses intentan desacreditar a las organizaciones contrarias al polémico tratado de libre comercio
El TLCAN forma parte de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos.
El informe “matar al mensajero” recoge los ataques más comunes de las corporaciones empresariales contra plataformas críticas con los tratados de libre comercio.
Cortes para proteger inversiones se han corrompido hasta convertirse en fábricas de dinero.
El PSOE se abstendrá en el CETA por "convencimiento" y no por conveniencia
Bajo ese título publica REDES una nueva investigación que da cuenta de la fragilidad de los Estados frente a los mecanismos de solución de controversias, con impactos invisibilizados en las políticas públicas, los derechos y la soberanía para diseñar y ejecutar estrategias de desarrollo nacionales.
