Mapa de casos ISDS
Canadá
La corte de Luxemburgo sentencia que el Ejecutivo comunitario infringió el Tratado de la UE. En septiembre de 2014, la Comisión Europea denegó el registro de una iniciativa contra estos polémicos tratados comerciales, y hoy sus impulsores ya han recogido más de tres millones y medio de firmas en rechazo al TTIP y al CETA.
La campaña No al TTIP, CETA, TiSA ha presentado un documento que alerta sobre las amenazas del CETA para la gestión pública del agua.
El grupo confederal denuncia que el Congreso ha iniciado la tramitación del tratado de libre comercio con Canadá sin informes preceptivos y que la Mesa ha vetado una cuestión previa de constitucionalidad con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos
CETA es un acuerdo internacional entre Canadá y la UE. Estos ostentan el monopolio de la política comercial en sus respectivos territorios, y tienen competencias exclusivas en la materia para negociar este tipo de medidas.
Entidades, sindicatos, representantes municipales y partidos catalanes han exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que suspenda y retire el procedimiento para ratificar el tratado de comercio e inversiones UE-Canadá (CETA) e inicie uno nuevo con participación de actores implicados y un referéndum.
Es necesario lamar la atención sobre la repercusión de CETA sobre los sistemas sanitarios y el acceso de los ciudadanos a los medicamentos.
Video donde intervienen: Eva García Sempere (Diputada en el Congreso por el grupo Unidos-Podemos), Pedro Ramiro (Coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina) y Samuel Martín-Sosa (Responsable de Internacional de Ecologistas en Acción)
La formación morada protesta porque la “triple alianza” se opone en la Mesa del Congreso de los Diputados a iniciativas de la formación morada por razones políticas pese a cumplir los requisitos reglamentarios.
Si el CETA llegara a entrar en vigor, llevaría, según varios estudios de entidades independientes, a una bajada de salarios y a una pérdida aproximada de 600 000 puestos de trabajo en la UE
El Gobierno ha remitido el texto al Congreso y Unidos Podemos ha impulsado la activación del procedimiento de control previo de constitucionalidad. La posición del PSOE es clave para el futuro del acuerdo comercial con Canadá
